La Procuraduría pidió a la Fiscalía que investigue por el delito de prevaricato por acción a la jueza Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. Alega la Procuraduría que la funcionaria judicial ordenó la libertad de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua, nombrados por el gobierno “gestores de paz”, sin tener la facultad para otorgar ese beneficio.
El ministerio Público insiste que la jueza actuó como una “tramitadora” ante una orden del gobierno nacional y al parecer omitió dar traslado a los jueces de control de garantías que se encontraban de turno. “(…) en su providencia nada se dijo acerca del tema, valga decir, no se explicitó la norma que la facultaba para ese efecto y, lo más importante, porqué se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno en esta ciudad capital”.
La jueza coordinadora se ha defendido, la normatividad indica que los imputados que estén privados de la libertad estarán a disposición del Juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales.
Y el ministro de la Justicia, Néstor Osuna dijo en Caracol Radio que no hay irregularidades ante esa decisión de la jueza coordinadora.
