“Me alarma cada vez más la tendencia creciente del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia“: así concluyó Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, el balance de su visita al Catatumbo, Norte de Santander, región que lleva meses sumergida en una grave crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Campbell alerto por el uso de redes sociales para seducir a los menores y que entren a la guerra. Por eso, dijo que continua en diálogo con TikTok y Meta, para que se tomen medidas urgentes y se hagan políticas a mediano plazo para evitar que estas plataformas sirvan como canal de reclutamiento de más niñas, niños y adolescentes en Colombia.
También llamó al Estado, que tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños, a hacer lo posible por prevenir el reclutamiento.
La situación en Catatumbo
Desde el 16 de enero a hoy, el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander registra 126 homicidios selectivos; 66.080 personas desplazadas forzosamente, de las cuales alrededor de 900 permanecen en refugios, otras siguen desplazadas y ubicadas con redes de apoyo o con sus propios medios, mientras que algunas personas habrían retornado sin condiciones de seguridad; 11.490 personas siguen confinadas.
“En mis reuniones con autoridades de la Gobernación de Norte de Santander y con las autoridades de Tibú (…) nos informaron sobre el grave impacto que tiene la decisión de suspender los recursos por parte de USAID para la atención humanitaria”, señaló Scott Campbell.
“Me reuní también con autoridades del Pueblo Indígena Bari, quienes me explicaron que sus 26 comunidades, en el Catatumbo, actualmente, se enfrentan a restricciones de movilidad; a vigilancia de su territorio y de su vida; a la instalación de minas antipersonas en sus caminos ancestrales, interrumpiendo su espiritualidad y, en muchas ocasiones, la posibilidad de cazar, pescar y recoger frutos y plantas de su medicina tradicional, por las acciones de los grupos armados no estatales”, dijo Scott Campbell.
Violencia sexual y estigmatización a mujeres acusadas de ser “colaboradoras”
La Defensoría del Pueblo, Iris Marín documentó, al menos, 56 casos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a sobrevivientes migrantes. ONU Derechos Humanos ha verificado 7 casos emblemáticos de violencia sexual en contra de mujeres y niñas.
Uno de los fenómenos más preocupantes identificados por ONU Derechos Humanos es la violencia, el señalamiento y la estigmatización de mujeres acusadas de ser “colaboradoras” de los grupos armados no estatales, lo cual las expone a agresiones físicas, psicológicas y sociales.
También a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se han difundido fotografías, listas con nombres, direcciones y otros datos personales, en las que se les acusa de tener vínculos con dichos grupos y se les amenaza.
El riesgo de feminicidio aumenta por la estigmatización y señalamiento de las mujeres que han tenido relaciones con miembros de grupos armados, firmantes del Acuerdo de Paz o vinculadas (voluntaria o forzadamente) a economías ilegales.
Amenazas a defensores y despojo de tierras
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025, documentó en Catatumbo un aumento de las amenazas y estigmatización en contra de liderazgos comunitarios y/o personas defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y marzo de 2025, se registraron 50 casos de amenazas, superando los 40 casos reportados durante todo el año 2024.
Consideran vital que la Unidad de Protección active e implemente el mecanismo extraordinario previsto en el Decreto 137 de 2025 para la protección de lideresas y líderes sociales, y autoridades locales, incluyendo personeros.
Asimismo, desde enero de 2025, ONU Derechos Humanos registró un aumento significativo de casos de abandono forzado y despojo de tierras en el Catatumbo cuya responsabilidad sería de los actores armados no estatales.
Scott Campbell se reunió, durante su visita, con la Unidad de Restitución de Tierras la cual expresó que la declaratoria de conmoción interior, y uno de sus decretos, permite a esta entidad del Estado brindar protección jurídica a los predios dejados por las personas desplazadas.
