La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió de una situación de riesgo previo a la realización de las más de 20 elecciones atípicas que se deben llevar a cabo este año en el país. Aseguró que se tienen seis alertas de alto riesgo debido a la presencia y expansión de los grupos armados en los territorios.
“Este año se presentan 22 elecciones atípicas y de esas 22 elecciones atípicas con un índice especial de riesgo electoral que hemos trabajado desde la Defensoría del Pueblo, hemos visto que seis de las 22 elecciones atípicas tienen un riesgo electoral alto y cuatro tienen medio alto. Entonces nos están mostrando que la situación es una situación de riesgo importante por la presencia de grupos armados, por su expansión, por su dominio territorial, que es importante trabajar”.
Explicó que de acuerdo con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, se tiene presencia de grupos armados en más de 800 municipios del país. Indicó que el Catatumbo, Norte de Santander, Arauca, Cauca y Chocó, son algunas de las regiones más afectadas.
“Las alertas globales indican presencia de grupos armados en más de 800 municipios del país, esa presencia no necesariamente es hegemónica, no quiere decir que allí controlen, dominen o gobiernen los grupos armados, hay diferentes niveles de intensidad. Hay unas regiones que tienen unas problemáticas especialmente grandes, por supuesto el Catatumbo, Norte de Santander y Arauca, todo el norte del país donde hay presencia hegemónica del Clan del Golfo que es el grupo que más se ha expandido, Chocó, Nariño, Cauca donde hay disputas territoriales y también el sur del país donde hay una disputa territorial principalmente entre las disidencias de Calarcá y las disidencias de Mordisco”.
Por otro lado, dijo Marín a propósito de la situación de orden público en el país, el Estado y la institucionalidad están perdiendo la autoridad civil en los territorios.
“El Estado no solo está perdiendo la guerra militar, porque eso es lo que estamos acostumbrados a analizar, estamos perdiendo también la autoridad civil, que eso es mucho más grave. Es como también retomamos la presencia no solo militar sino sobre todo la del ICBF, la de la Defensoría del Pueblo, la de los jueces, la de los fiscales, es decir, toda esa institucionalidad que hace que la gente tenga donde acudir y resolver sus problemas sin tener que atender el reglamento que pone un grupo”.
Agregó la defensora que tanto las autoridades públicas como el Gobierno Nacional, deben tomar el control de dicha situación para garantizar la seguridad en el país.
