La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales antiguos miembros de la Brigada IV del Ejército Nacional por 442 ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia entre los años 2004 y 2007.
Los generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de “conteo de cuerpos” que desató el patrón macrocriminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate en del departamento de Antioquia.
Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.
Por primera vez en una imputación por ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían.
El objetivo de la política de facto de “conteo de cuerpos” era sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate”, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar.
Este objetivo se conseguía a través de presiones y amenazas a las tropas, así como de premios e incentivos a quienes reportaran más muertos, promoviendo una competencia feroz por ocupar los primeros lugares en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar de que se tratara, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la Brigada IV y los grupos paramilitares ya se hubieran desmovilizado.
Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas que se expide dentro del Caso 03, el cual investiga los falsos positivos en todo el país, y confirma una vez más los elementos del patrón macrocriminal determinados ya por la JEP en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño (2002-2003).
La JEP ha esclarecido miles de hechos ilustrativos del patrón macrocriminal y se concentrará ahora en determinar si existieron o no responsabilidades en el nivel nacional, para así garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de todo el país y resolver definitivamente la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial.
