una semana después de que el director de antinarcóticos de la Policía de Colombia, el coronel Edgar Cárdenas Vesga, confirmara que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 es de 20.000 hectáreas, es decir, menos de lo establecido el año pasado que fue de 50.000 hectáreas, la administración de Joe Biden reaccionó a la propuesta.
En un comunicado el Departamento de Estado afirmó que “el cultivo de coca en Colombia está cerca de alcanzar máximos históricos” y recomendó que para el gobierno de Petro es fundamental hacer uso de todas las herramientas disponibles para “reducir el cultivo, la producción de cocaína y la criminalidad asociada”.
Según el documento, el Departamento de Estado cree que “la erradicación sólida es una de estas herramientas”. Así mismo afirma que es necesario combinar esfuerzos para aumentar la presencia gubernamental de forma permanente en zonas donde persiste los cultivos ilícitos en Colombia y resalta que es necesario crear oportunidades económicas legales en las zonas rurales que brinden una salida de la cadena de producción del narcotráfico.
A pesar de un distanciamiento en la nueva meta del gobierno Petro frente a unos flagelos críticos para la seguridad de Estados Unidos, la administración Biden afirma que “continuará trabajando con Colombia en esfuerzos efectivos e integrales para combatir las drogas y el crimen y la violencia que generan”.
Por su parte Washington DC se compromete a continuar trabajando para reducir la oferta de drogas, en momentos en que Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo, así como contribuir con la seguridad rural, la justicia y el desarrollo en Colombia y la protección del medio ambiente de la explotación por parte de organizaciones criminales.
