El Consejo de Estado declaró improcedente una tutela contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente vulnerar los derechos fundamentales al denunciar la compra del software espía Pegasus.
La tutela buscana la retractación del presidente por no aportar pruebas a esa denuncia que hizo en una alocución el pasado del 4 de septiembre de 2024. Se criticaba que el mandatario reveló información sujeta a reserva, a la par que omitió otra que resultaba relevante.
Frente a este recurso de tutela, el Alto Tribunal determinó que con sus declaraciones el presidente no se estaba violando ningún derecho fundamental del accionante. Motivo por el cuál decidió negar la tutela.
“El señor Stefan Bravo Martínez no acreditó la existencia de una acción u omisión que atente contra sus derechos fundamentales, lo cual releva al juez de tutela de su intervención y hace improcedente la tutela, en tanto la situación relatada no tiene contornos constitucionales”, se lee en la sentencia.
Asimismo, el Consejo de Estado aseguró que pese a que el presidente no presentó pruebas en su denuncia, se trata de un asunto de interés que quizo compartir Petro con la comunidad en general.
“Se trató de una intervención referida a un tema que en opinión del Presidente de la República era de interés de la comunidad en general. Y, aunque podía vincular el actuar de algunas personas en concreto, el ahora accionante no se encuentra entre las mismas”, indicó la Alta Corte.
No hay rastros de compra del software Pegasus: Procuraduría
Este 29 de octubre la procuradora General, Margarita Cabello confirmó que luego de un mes y medio de investigaciones, a la fecha no hay rastros de la compra del software espía Pegasus.
Según Cabello, el Ministerio Público no han encontrado documentos en el que se evidencie que el entonces presidente Iván Duque diera la orden para la compra de este sistema espía.
“Seguimos con la investigación, pero evidentemente tengo que reiterarlo. No hay rastros de la compra oficial del programa. No hemos encontrado rastros de que el presidente haya dado orden para la compra de ese programa, no hay evidencia del uso de gastos reservados o incautación de dineros para la compra de ese programa”, dijo la procuradora general, Margarita Cabello.
