Luego de la firma del decreto que otorga competencias ambientales a las comunidades indígenas quienes ahora podrán formular y desarrollar instrumentos de regulación y gestión ambiental como planes de ordenamiento ambiental indígena, las Corporaciones Autónomas Regionales del país manifestaron que esta decisión genera conflicto de competencias, así como podría traer una situación crítica en el ámbito jurídico y no aporta a la solución de la situación ambiental regional, afectando la gestión de las autoridades ambientales.
Afirman que el decreto desconoce el resultado que por años las Corporaciones Autónomas Regionales han realizado y que afectan los principios de coordinación y participación de las instituciones que hacen parte del SINA.
También alertan que esto transgrede la competencia que reside en el congreso de la república, pues según dicen el gobierno no puede atribuirse funciones que son propias del legislativo, ni tampoco puede modificar o asignar funciones a actores distintos.
Por otro lado rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, al referirse a las CAR de forma negativa e instan al primer mandatario a denunciar ante las entidades competentes, los presuntos hechos de corrupción a los que se refiere.
