La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Recreación, se pronuncia frente a la polémica generada por el pago de los servicios públicos en las instituciones educativas del municipio.
Aquilino Escobar, titular de esta cartera, aclaró que el suministro de energía es un derecho fundamental para garantizar la educación de niños y adolescentes, como lo ha ratificado la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación.
«El servicio de energía es esencial para el funcionamiento de las instituciones educativas y su corte está prohibido por ley, algo que fue reafirmado hoy por la Procuraduría mediante un comunicado que recibimos en la Secretaría», señaló Escobar.
El secretario también destacó que el municipio ha asumido históricamente el pago de ciertos servicios públicos como el agua y el aseo de las escuelas. “No obstante, la Secretaría de Educación Municipal no es un ente certificado en educación, por lo que la responsabilidad primaria del pago de estos servicios recae sobre la Secretaría de Educación Departamental, de acuerdo con la Ley 715 de 2001”, sostuvo el funcionario.
Escobar recordó que, en 2010, durante reuniones entre alcaldes y el gobernador de entonces, se acordó verbalmente que el Municipio asumiría la carga presupuestal del pago de los servicios públicos, incluyendo la energía eléctrica, aunque este no es un deber de la Administración Municipal. «En esa ocasión se decidió que el Municipio apoyaría con el pago del agua y aseo, pero el departamento debía asumir el costo de la energía, ya que este último gestiona el pago de la nómina educativa», añadió Escobar.
A pesar de la voluntad de colaborar, Escobar subrayó que “el pago de la energía, que supera los 1.800 millones de pesos anuales, es una carga excesiva para las finanzas municipales, lo que ha puesto al Municipio en una situación crítica”.
El funcionario hizo un llamado a la Gobernación de Arauca para que, en conjunto con el municipio, se lleguen a acuerdos concretos sobre el reparto de responsabilidades. “Propongo que ambas partes utilicen los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para dividir los costos y garantizar así la continuidad de los servicios públicos en las instituciones educativas», declaró.
Escobar puntualizó señalando la importancia de revisar y actualizar estos acuerdos de manera periódica, con el fin de adaptarlos a las realidades financieras de ambos entes territoriales. “Los acuerdos deben ajustarse a las realidades del momento a nivel municipal y departamental. Este es un tema que requiere voluntad política y decisiones firmes, ya hemos dialogado lo suficiente; es hora de tomar decisiones”.
