El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela solicitó a la Interpol una “alerta roja” contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por “robo agravado” y otros seis delitos relacionados con el avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este martes el fiscal general, Tarek William Saab.
Además, ha “solicitado la inclusión con alerta roja” contra la secretaria general de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mismos delitos, entre ellos “legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación”.
“Ya la solicitud ha sido remitida, esperemos a ver cómo va a actuar Interpol, en base a un daño realizado que es delincuencia común, que es delincuencia transnacional, que viola convenciones contra la delincuencia organizada”, expresó Saab.
Por otra parte, tachó de “burda” y “estúpida” la orden de captura anunciada este lunes por un tribunal argentino contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que Saab también calificó como una “venganza”, luego de que la Justicia del país caribeño ordenara la detención “preventiva” de Milei y las dos funcionarias.
“No es más que una pretendida retaliación, venganza, contra el Estado venezolano por haber nosotros decidido actuar en contra del perpetrador del robo del avión, (…) una reacción de última hora totalmente desenfrenada y desequilibrada del Gobierno de Milei”, dijo el fiscal.
Asimismo, considera que esa acción de la Justicia argentina forma parte de “los continuos ataques orquestados por los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y sus satélites en el continente para agraviar, para mancillar, la soberanía” venezolana.
El tribunal argentino también ordenó la captura del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, y de otros miembros del Ejecutivo chavista.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en una causa abierta a inicios de 2023, por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.
