Un juez especializado de Bogotá, condenado a penas entre los 45 y 47 de años de cárcel a Luis Fernando Mallarino Villarte, José Javier Herrera Ramírez, Yorkendry José Montero Gutiérrez, Ted Wayak Mendoza Machado y Eduardo Santamaría Bonilla, cinco integrantes del ‘Tren de Aragua’, responsables de varios casos de cuerpos desmembrados hallados en Bogotá.
El juez concluyó la responsabilidad de los cinco ciudadanos venezolanos en el delito de homicidio agravado en concurso sucesivo homogéneo y heterogéneo con el delito de tortura.
En la sentencia condenatoria, se les atribuye los homicidios de cuatro personas identificadas como Jhonatan Smith Martínez Villalobos, Brandon Enrique Florez Tejedor y José Carlos Vanegas Romero.
El duro relato de como acabaron con la vida de cuatro personas:
A estas personas, el 24 de agosto de 2022, “los ataron de manos y pies a una silla y allí procedieron a golpearlos con puños, patadas y con armas (en el cuerpo y la cabeza), les propinaron puñaladas en su cuerpo (pecho y espalda), mientras tanto, les gritaban que se iban a morir, que si sabían lo que les estaba pasando, que eso era por “mamahuevos”. Finalmente fueron rematados con un bloque de cemento en sus cabezas para acabar con sus vidas. Posteriormente fueron embaladas en papel vinipel color negro y sacados en una carreta a la vía pública, donde fueron encontrados el día 25 de agosto del 2022, en la carrera 81G bis con calle 42 Sur, del barrio el Amparo de la Localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá”.
Los hoy condenados también tendrán que pagar una multa de 8.999,82 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y serán expulsados de territorio colombiano una vez cumplan la pena principal impuesta.
Fiscalía imputó otro delito a alias ‘Satanas’
El ente acusador le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos a José Manuel Vera Sulbarán, alias Satanás, presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’, quien el pasado 2 de enero del año en curso en la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, habría amenazado de muerte a tres integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y pagado 30 millones de pesos a quien ubicara los lugares de residencia de los funcionario y los asesinara.
