Una tutela que fue admitida por el Consejo de Estado, podría dejar en vilo la votación en sala plena del Consejo Nacional Electoral con la que se busca formularle cargos al presidente de la República por presuntamente haber violado los topes electorales y por financiación de fuentes prohibidas en las campañas de primera y segunda vuelta.
La sección Segunda del Consejo de Estado estudiará una tutela presentada por la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna, que argumenta que, quien debía dirimir la competencia sobre quién debe investigar al presidente es la Corte Constitucional, y no la sala de consulta civil del Consejo de Estado, quien habría tomado una decisión sin competencia para ello. Argumenta la tutela, que indica que en esa misma decisión del Consejo de estado se dijo lo siguiente:
“Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto positivo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, ejercería una función jurisdiccional (Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes), mientras que la otra, en el mismo evento, ejercería función administrativa (Consejo Nacional Electoral)”.
Según los tutelantes cuando se trata de dos autoridades con jurisdicciones diferentes, quien debe dirimir ese conflicto es la Corte Constitucional.
La sección segunda del Consejo de Estado en cabeza del Magistrado Rafael Francisco Suarez Vargas debe definir si esta acción de tutela prospera o no, ya que tendría repercusiones en la sala plena del CNE que será en los próximos 15 días.
Según los expertos, esa decisión es clave porque si no prospera y llega a darse la votación, quedaría en firme la vulneración al fueron integral, y todos los altos dignatarios del estado (Fiscal General, Magistrados de Altas cortes) podrían ser investigados por cualquier ente administrativo, previo al estudio de la Comisión de Acusaciones de la cámara de Representantes, lo que en la práctica implicaría la desaparición del fuero político que busca proteger las institucionalidad.
Recordemos que la semana pasada se votó en la sala plena del CNE para que el proyecto se estudiara de inmediato y sin dilaciones. Según la investigación del CNE la campaña Petro, presuntamente violó los topes por más de $5.300 millones
