Luego de que fueran presentadas dos demandas en contra del decreto que reforma la Dirección Nacional de Inteligencia, por presuntamente darle excesivos poderes a la Dirección de Contrainteligencia, la entidad se pronunció, aclarando los alcances de la normativa.
“La modificación orgánica de la DNI se trata, únicamente, de una reestructuración interna de cargos y dependencias ya existentes desde la creación de la entidad. De ninguna manera implica asignación de funciones o competencias distintas a las contenidas en la Ley de Inteligencia 1621 de 2013 y el Decreto 4179 de 2011 que creó la DNI”, señalaron en un comunicado.
También argumentaron que la decisión administrativa de reestructurarse “atiende a criterios de optimización de la función pública y efectividad de la misionalidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que realiza la entidad, en estricto cumplimiento de los mandatos legales para los cuales fue creada”.
De hecho, afirmaron también que “la habilitación legal para la recolección de información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos en las actividades de contrainteligencia existe desde la expedición del decreto reglamentario que crea la DNI y la Ley de Inteligencia”, por lo cual desestimaron los cuestionamientos que sustentan las demandas: “la novedad de dichas actividades carece de fundamento”.
Por otra parte, explicaron que la DNI ha venido participando activamente en la elaboración de una propuesta para la reforma a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, calificando como “necesario abrir un debate amplio, público e informado sobre los contenidos de dicha reforma”.
