Sin la más mínima experiencia en el sector aeronáutico, dos empresas radicadas en Arauca, se consorcian con un tercero para hacerse a un contrato por una cuantía de USD12.160.000, que corresponden a $58.103.884.800, calculados sobre una tasa representativa del día 15 de diciembre de 2022, equivalente a cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos con veintiocho centavos ($ 4.778,28).
Según la Contraloría General de la República, el jugoso contrato le fue entregado al CONSORCIO AERONAVES PNC, integrado por: RIO SUR SAS, identificada con NIT 800.149.580-3, ubicada en la ciudad de Bogotá, con una participación del 5% y cuya actividad económica principal es el transporte aéreo nacional de pasajeros; CONSTRUCCIÓN EMPRESA Y PROYECCIONES PARA EL DESARROLLO SAS, identificada con NIT 834.000.892-9, ubicada en la ciudad de Arauca, con una participación del 5%, representa por Norida Paola García Nontoa y cuya actividad económica principal es la construcción de otras obras de ingeniería civil; e INGEAMBICOL SAS, identificada con NIT 800.063.939-2, también ubicada en la ciudad de Arauca, representada por Sharon Giannina Moreno , con una participación del 90% y cuya actividad económica principal es también la construcción de otras obras de ingeniería civil.
Según la CGR se estableció un presunto detrimento patrimonial, en cuantía de 12 millones 160 mil dólares americanos (USD $12.160.000), que corresponden a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión ejecutivo tipo jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A.
Convenios para contratar directamente
La policía nacional y el Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC, celebraron un convenio por 200 mil millones de pesos, en enero de 2022, con el objeto de: “aunar esfuerzos entre Policía Nacional y la CIAC que permitan fijar términos y condiciones generales para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, mediante la provisión o adquisición de bienes y servicios de orden técnico que demande el área de aviación policial de la Institución”.
Es aquí donde la CGR hace un primer y grave cuestionamiento sobre el convenio: “es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional. Es decir, por la sola intermediación o gestión de negocios le fueron entregados más de 7 mil millones a la mencionada corporación.
Por tal razón se advirtió por pare del ente de control que esta compra terminó golpeando sensiblemente el presupuesto de la Policía Nacional, pues se tenían 200 mil millones de pesos para la compra de tres aeronaves, de los que más de 58 mil se invirtieron en una aeronave que ocupó el 41,5% de ese monto y con capacidad sólo para transportar a 13 personas.
Añade el órgano de control que, como resultado de la auditoría realizada se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno, tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal, y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.
