Esta mañana, el Gobierno radicó en el Senado el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, una iniciativa que busca reglamentar las competencias y procedimientos de los jueces y juzgados de tierras en el país. La medida forma parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para mejorar el acceso a la justicia en las zonas rurales y cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz.
Sin embargo, la congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, ha expresado su preocupación por algunos aspectos del proyecto, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de expropiaciones. Según Miranda, el artículo quinto del proyecto de ley establece que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”, lo que, en su opinión, podría ser interpretado como una base legal para la expropiación de tierras fértiles en el país.
“¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestionó Miranda en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales, sugiriendo que la falta de claridad en la redacción del proyecto podría generar incertidumbre entre los propietarios de tierras.
Además, Miranda criticó el hecho de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sea la encargada de resolver los procedimientos especiales, como las expropiaciones, en lugar de un juez. “En el proyecto, el juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años”, afirmó la congresista, añadiendo que este cambio podría afectar la transparencia en la resolución de estos casos.
El proyecto de ley de Jurisdicción Agraria es una de las metas clave del gobierno de Gustavo Petro y ha avanzado en el Congreso con el objetivo de crear un marco legal que garantice la justicia agraria para campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, las advertencias de Miranda han generado un debate sobre las implicaciones de la medida, especialmente en lo que concierne a los derechos de los propietarios de tierras.
