En audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, la Fiscalía General de la Nación, reveló nuevos nombres de altos funcionarios que habrían participado de la “organización criminal” que desfalcó la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Entre los nuevos mencionados se encuentran nombres de ministros, congresistas y altos funcionarios que hacen parte actualmente del Gobierno Nacional.
Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE): Según el ente acusador, fue quien dio la instrucción al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para que entregará sobornos al expresidente del Senado, Ivan Name (habría recibido 3 mil millones), y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (habría recibido mil millones)
Sandra Ortiz, ex consejera para las Regiones: Según la Fiscalía, habría sido la encargada de entregar el pago de las millonarias coimas a Name y Calle. En su momento, Sneyder Pinilla, dijo que había sido “la mensajera” del entramado.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda: Habría coordinado junto a Olmedo López, el direccionamiento de los contratos para Cotorra, Córdoba, El Salado, Bolívar y Saravena, Arauca. Contratos en los que varios senadores y representantes, tenían “intereses indebidos”, señaló la Fiscalía.
¿Quienes son los congresistas?: Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla
María Alejandra Benavides, asesora del MinHacienda: Era quien, por orden del ministro Bonilla, se comunicaban con López y Pinilla para adelantar la adjudicación de los tres contratos por un valor de 92.000 millones de pesos, recursos con los cuales se entregarían los sobornos a los mencionados congresistas.
César Manrique, director del Departamento de Función Pública: “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas”, dice la Fiscalía.
