Los habitantes de los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, Casanare son los que estarían en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo.
Según la Defensoría del Pueblo esta alerta se produce por tres escenarios de riesgo relacionados entre sí́, como lo son el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por el Clan del Golfo, su accionar violento y la injerencia del ELN a través de su frente José́ David Suárez, y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central.
La alerta temprana advierte que los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento. Igualmente, han reclutado población joven de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades.
El documento de advertencia cuenta con 28 recomendaciones con el fin primordial de que sean atendidas y protegidas las comunidades, entre ellas están al ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares les pide realizar operativos de patrullaje y control, así́ como labores de inteligencia que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados.
A la Policía del departamento, implementar puestos de control en los corregimientos con posibles pasos de los grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare. Al Ejército Nacional, reforzar los controles en zona rural del piedemonte para que neutralice el accionar e intimidación que ejercen el ELN y las disidencias de las Farc sobre la población.
