Este miércoles, 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro, sancionó la ley de Acciones Afirmativas, que busca reducir los años de cárcel para mujeres condenadas por delitos menores. La norma tiene previsto evitar el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación. Se estima que la ley beneficiará a unas 5.000 mujeres condenadas por la justicia, que son jefas de hogar y se encuentran en condición de marginalidad.
“Con esta ley que hoy firmó y por la cual voté afirmativamente como senador, se liberan 5.000 presas madres cabeza de familia para cuidar a sus hijos durante 5 días cada semana”, anunció el mandatario colombiano en su cuenta Twitter.
Desde la capital del departamento del Chocó, el presidente señaló que el principal objetivo de la ley es evitar que miles de niños crezcan sin afecto y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma.
“Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”: afirmó el presidente durante el evento, en el que también se posesionó la nueva ministra de Educación, Aurora Vergara.
Dependiendo de la formación y las capacidades, cada mujer que quede inscrita en este programa podrá desarrollar unas actividades. Según dispone la ley, deben ser de por los menos 5 horas a la semana. Por cada 5 horas de trabajo de utilidad pública se redime una semana de privación de la libertad.
En conversación con 10Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, Alex Morales, abogado y defensor de Derechos Humanos, explicó que el objetivo de esta ley es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados, que favorezcan la comunidad.
“La Corte Constitucional ha dicho que el problema de hacinamiento en las cárceles es un problema de voluntad política (…) se han hecho muchos intentos de reformar, pero el populismo punitivo ha incrementado el hacinamiento y en ese sentido, tenemos a mujeres privadas de la libertad como consecuencia de una economía que ha hecho catarsis en sus hogares, lo que las ha llevado a que cometan ciertos errores o delitos”, explica el abogado.
Así mismo, Morales asegura que para los defensonres de los derechos humanos, es injusto que una mujer o madre cabeza de familia, que ha hurtado por ejemplo, 200 mil pesos en un almacén de cadena, sea privada de la libertad por 8 años, dejando a sus hijos abandonados y a merced de organizaciones al margen de la ley.
“La decisión de que una mujer sea beneficiada será tomada por un juez de la República, valorando los requisitos, como no haber cometido delitos durante los últimos 5 años, así como que no constituyan un peligro para la sociedad, o tener compromisos para reivindicarse, lo conocido como justicia alternativa. Además que esté comprobada la pobreza y que el delito fue cometido por factores o motivos económicos”.
Dijo que el mecanismo funcionará cuando el juez se dé cuenta que es una madre cabeza de familia. “En el momento de la imposición de la pena y si cumple con los requisitos, no tendrá que ir de inmediato a un establecimiento carcelario, sino que se le puede cambiar la sanción a una pena alternativa”.
El abogado asegura que en caso de que la mujer ya esté condenada y cumpliendo su sanción, podrá solicitar al juez de ejecución de penas, que de acuerdo a los requisitos, salga cinco días para cuidar a sus hijos y regresar posteriormente al establecimiento carcelario.
