Las personas que no atendieron la convocatoria de la Registraduría para servir de jurados de votación el pasado 28 de octubre en desarrollo de la jornada electoral, serán sometidos a investigación por parte de la Procuraduría regional, se dijo en fuentes de la Delegación Departamental a instancias de Noticias Caracol.
Las personas particulares, unas ocho, si son halladas responsables dentro del proceso que se les adelantará podrían quedar expuestas a sanciones pecuniarias que irían hasta los diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cuanto a los servidores públicos, según los resultados de la investigación que se les adelante, las sanciones a aplicar podrían llegar hasta la destitución de sus cargos, precisó el delegado José Omar Pérez Gaviria.
