El Consejo de Estado ordenó la indemnización tanto por perjuicios materiales y morales de 613 millones de pesos a la esposa, la mamá y los cuatro hijos del comunicador. La ponencia de caso es del magistrado Enrique Gil Botero.
El crimen de Henry Rojas ocurrió el 28 de diciembre de 1991 y fue cometido por los soldados Wilson Eduardo Daza y José Alberto Cristiano Riaño, pertenecientes al batallón Reveiz Pizarro, con sede en Saravena (Arauca).
La investigación estableció que otros militares habrían participado en el crimen de Rojas, que trabajaba también en la Voz del Cinaruco y que había enfilado su trabajo a denunciar la corrupción con las millonarias regalías petroleras de Arauca.
En su momento, la justicia investigó por el crimen al coronel Diógenes Castellanos Guerrero, comandante militar de Arauca, y al ex alcalde José Gregorio González. Ambos fueron absueltos.
Aunque el Ministerio de Defensa, en representación del Ejército, sostuvo que la Nación no podía hacerse responsable por un crimen cometido por el soldado Daza Rosso, el Consejo de Estado criticó la impunidad que ha rodeado el caso y aseguró que "está plenamente acreditado que Daza actuó como sicario o mercenario".
Y agregó que "la muerte del periodista Rojas Monje no fue consecuencia de un acto impulsivo o de venganza personal, sino de complejas y por lo mismo oscuras circunstancias que vivía Arauca en el momento del crimen". El autor material trabajaba al tiempo con el Ejército y la Alcaldía en ese momento, a pesar de que sobre él existían serios indicios penales.
"En el presente caso se tiene probado que las unidades del Ejército a las cuales pertenecía Daza conocían que este estaba involucrado en actividades criminales (…) y que actuó por cuenta de unos autores intelectuales que no fueron identificados". Ese fue el fundamento de la condena contra la Nación, que ya había ordenado el Tribunal Administrativo de Arauca en primera instancia hace 12 años
