Convencidos de obrar conforme a la ley los concejales de la Comisión Primera del Concejo le aplicaron la "operación Titanic" a los cinco proyectos que les presentara el alcalde Reyes Cadena para su estudio y aprobación en el actual período extraordinario y hoy se enviarán al despacho del burgomaestre para su archivo.
En la jornada de trabajo que avanzó sobre las horas del mediodía de ayer no valieron las explicaciones argumentadas de la jefe de la Oficina asesora jurídica del Municipio, Jaqueline Ramírez como tampoco las explicaciones de la necesidad para el desarrollo de Arauca esgrimidas por las funcionarias de la Administración que ayer durante toda la mañana y parte de la tarde estuvieron al tanto de la suerte de los proyectos.
El secretario de Gobierno con funciones de alcalde encargado, Henry Colmenares impotente ante la firmeza de los cabildantes prefirió guardar silencio en la sesión de comisión
La existencia de una directiva unificada con el 05 del 14 de mayo de 2007 sirvió de asidero a los concejales de esa comisión para mantenerse incólumes en su decisión de hundir el proyecto de comprometimiento de vigencias futuras y generar el efecto dominó en los cuatro restantes.
La titular de la oficina jurídica aclaró que con estos proyectos no se estaba modificando el Plan de Desarrollo adoptado por el Concejo y menos que los proyectos presentados pretendieran favorecer causas o campañas políticas puesto que se trataba de proyectos cuyo origen es de carácter legal y nacionbal como la adición de recursos del sistema General de Participación que cada año debe realizarse y regalías ajustado al plan de desempeño, suscrito con Planeación Nacional, y que en nada modifica el Plan de Desarrollo.
Sostuvo la doctora Ramírez que los demás proyectos obedecen a situaciones contractuales originadas con anterioridad al proceso electoral y que de ninguna manera favorecen causa o campaña política alguna, pues si así fuera, "estaríamos trascendiendo del plano meramente presupuestal al disciplinario y penal, los cuales sólo pueden ser juzgados por los jueces de la República, previos juicios de valores o procesales que para el efecto ha diseñado el ordenmiento jurídico de Colombia".