La Corte Penal internacional podrá conocer en Colombia, desde el primero de noviembre, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que no sean debidamente juzgados en el país.
Desde este día se levanta la salvaguarda del tribunal Internacional, que había sido firmada por los presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que impedía que la Corte conociera crímenes de guerra suscitados en el marco del conflicto armado.
Para el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, con esta posibilidad se abre una nueva dimensión en las investigaciones judiciales del país, lo que permitirá que se impongan condenas ejemplares en los casos en los que no se haya impartido justicia.
«Por ejemplo políticos, líderes empresariales que hayan ordenado esos crímenes, agentes del estado de alto nivel, jefes de los grupos armados, pueden ser investigados por la Corte y en ese caso se abre un procedimiento que tiene la forma de un juicio penal», dijo Cepeda.
Por su parte el politólogo y analista Augusto Ramírez Ocampo aseguró que la salvaguarda impuesta no dio resultados ya que en adelante la Corte Penal Internacional podrá efectuar investigaciones en los casos en los que la justicia colombiana no de los resultados esperados.
«Desde el punto de vista jurídico no cabe la posibilidad de que la Corte corra hacía atrás, pero en adelante en el caso en el que se produzcan crímenes de guerra, bien por las fuerzas institucionales o por las fuerzas subversivas, entraría la Corte a operar», señaló Ramírez Ocampo.
Para Marcos Romero presidente de Codhes la Corte Penal Internacional podría iniciar investigaciones en casos en los que la justicia no haya sido efectiva.
«Como por ejemplo en los casos de la Ley de Justicia y Paz», aseguró
Habla el embajador de Colombia ante La Haya
Francisco José Lloreda, embajador de Colombia ante La Haya, asegura que el tribunal no es una contraparte sino un aliado, que actuará sólo en casos excepcionales.
La entrada en vigencia para Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el capítulo de crímenes de guerra a partir del domingo, 1º de noviembre, no significa un antes y un después en la justicia nacional, sino que ese tribunal actuará como un complemento y sólo entraría al país de manera excepcional, en caso de que en el Estado haya falta de disposición para avanzar en las investigaciones o por un colapso de la justicia.
Así lo manifestó Francisco José Lloreda Mera, embajador de Colombia ante La Haya, quien sostuvo que la Corte Penal está siendo utilizada como un instrumento de debate político interno, aprovechando el desconocimiento que hay sobre ese tribunal.
Lloreda fue más allá e incluso dijo que lo ideal es que ni la guerrilla ni los paramilitares terminen ante la CPI.
¿Habrá retroactividad para crímenes de guerra?
“Los crímenes de guerra no son retroactivos. Es decir, la Corte solo tendrá competencia para conocer de presuntos delitos que se cometan a partir de este primero de noviembre. No podría ser distinto, porque si no, cuál habría sido el efecto y el sentido de acogerse a esa opción que brindaba el Estatuto de Roma en su artículo 124. ¿Cuál habría sido el objeto de postergar el inicio de una investigación después de siete años?”.
¿Es decir, a partir de este lunes, las Farc podrían ser objeto de la CPI si comete crímenes de guerra?
“Todo el que cometa crímenes atroces puede estar bajo la mira de la Corte, incluidos los grupos armados al margen de la ley, y en el caso de los crímenes de guerra los civiles también pueden ser llamados a cuentas”.
¿También se juzgaría por casos de omisión que faciliten la comisión de estos crímenes?
“No, es por la comisión de los delitos. La Corte Penal sin embargo, en diversos aspectos del Estatuto, hace énfasis en la importancia de llamar a cuenta a los máximos responsables de crímenes atroces, de lesa humanidad o de guerra. Para el actual fiscal de la Corte, la razón de ser de la CPI es identificar a los responsables mayores y no a los menores”.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Campo, ya ha mirado algunas situaciones o ha hecho sugerencias sobre lo que deben ser esos procesos, por ejemplo, los de los ex jefes de las Auc que están confesando crímenes de lesa humanidad?
“El fiscal Moreno ha dicho que la situación ideal es aquella en la cual la Corte no tenga ningún caso para intervenir, porque significa que las justicias nacionales están operando. La Corte es el último recurso, de reserva, que solo está llamada a activarse en casos excepcionales. Y el fiscal es consciente de que en la lucha contra la impunidad, las justicias nacionales son determinantes porque sin ellas ese propósito fracasa. El análisis inicial de la Corte sobre Colombia es el de monitorear de qué manera la justicia colombiana está cumpliendo con su obligación.
No tengo la menor duda de que la Corte Penal sabe que aquí se está cumpliendo con esa obligación”.
En distintos escenarios se dice que en Colombia están dadas las condiciones para que intervenga la Corte. ¿Qué opinión le merece esa postura?
“No están dadas las condiciones para que intervenga la Corte. Y no lo están porque no se cumplen los criterios de
admisibilidad. En Colombia se están adelantado investigaciones y procesos de carácter judicial a presuntos responsables de crímenes atroces. En Colombia, el Estado con sus distintas instituciones, y en especial las encargadas de aplicar justicia, han demostrado la capacidad para hacerlo y tienen la disposición. La Corte es clara en que una intervención tiene sentido cuando la justicia de ese país está total o sustancialmente colapsada. Y ese no es el caso de Colombia. Cosa distinta es cuando algunos, pensando en sus agendas personales y no en el bien de país, traten de forzar una intervención de la Corte”.
¿Cómo debe percibir el país a la Corte?
“Como una aliada para combatir la impunidad y una aliada llamada a complementar la justicia nacional”.
¿Cuáles son los casos en los que se activa la Corte?
“La Corte se activa de tres maneras: cuando uno de los estado parte (hoy son 110 estados), le refieren un caso, lo que significa que ese estado no tiene la capacidad para adelantar las investigaciones. El segundo camino es cuando el Consejo de Seguridad de la ONU lo refiere, y el tercer caso es cuando el fiscal de la Corte considera que debe abrirse una investigación. A la fecha, las únicas cuatro investigaciones que se adelantan en la CPI han sido referidas. En el caso de Uganda, el Congo y la República Centroafricana fueron referidas por los mismos estados.
Y el caso de Sudán, por el Consejo de Seguridad de ONU. Aún no se ha dado el primer caso que se origine en la Fiscalía de la Corte. Y en los casos en los que el fiscal considerara que hay razones para abrir una investigación debe solicitar autorización de un colectivo de jueces que hay en la Corte, reunido en lo que se conoce como la Sala de Cuestiones Preliminares. Es así porque la Corte no está llamada a suplantar las justicias nacionales y no puede caer en el juego de los estados que no quieren asumir su responsabilidad de aplicar justicia. Y la Corte debe ser muy cuidadosa de las presiones de carácter político”.
¿En Colombia esa intervención podría darse con los ex jefes de las Auc que están siendo juzgados en E.U. por narcotráfico? ¿Si sus procesos no concluyen en Justicia y Paz, la Corte podría decir que no han respondido por sus masacres?
“Los máximos ex jefes de las autodefensas están en la cárcel, en Colombia o en E.U. Independiente de donde estén, se les
están adelantando procesos por los crímenes cometidos en Colombia. Eso no varía por el hecho de que algunos hayan sido extraditados. El hecho de que en E.U. se les esté juzgando por delitos de narcotráfico, no ha frenado que aquí se les siga investigando. Es más, el hecho de que hayan sido extraditados significa que más de uno de ellos pagará una pena en el exterior y que si no colaboran con Justicia y Paz se les aplicará la pena ordinaria de 40 y 60 años”.
¿En la relación de la Corte Suprema con la Corte Penal como se está trabajando con su Embajada para tener claro los lineamientos para asumir las investigaciones?
“Precisemos en que está Colombia frente a la Corte Penal. Colombia no está siendo investigada, Colombia está bajo análisis
preliminar o bajo situación de observación. Eso significa que la Fiscalía de la CPI adelanta un proceso de monitoreo general sobre Colombia y sobre cómo el Estado colombiano está aplicando su justicia”.
¿Qué opinión le merece que se diga que la Corte mira la situación de Colombia igual a como mira a Sudán u otras democracias inviables?
“Lamento el desconocimiento sobre la Corte Penal y de nuestro país frente a la comunidad internacional. Con el debido respeto por los estados en los que ha intervenido la Corte, la situación de Colombia es muy distinta. Nosotros tenemos un sistema de Justicia que, pese a sus problemas y desafíos, es bastante más importante de lo que a veces la valoramos”.
¿Cree que los grupos violentos ignoraron lo que venía y desconocieron la generosidad que tuvo Colombia de demorar siete años el juzgamiento de crímenes de guerra?
“A los grupos ilegales armados, y en especial las Farc y el Eln, los atropelló su autismo. Perdieron su segundo cuarto de hora. El primero durante el gobierno de Andrés Pastrana. No creo que vuelvan a encontrar un momento para lograr una desmovilización en unas condiciones tan favorables. Y el segundo momento, del año 2002 hasta ahora, fue cuando el presidente Pastrana, previa consulta con el presidente Uribe, tomó la decisión de acogerse al artículo 124 del Estatuto de Roma para postergar por siete años la entrada en vigencia de la competencia de la Corte para crímenes de guerra. Eso significa que ni las Farc ni el Eln podrán aspirar en el futuro a procesos de negociación con amnistías, por lo menos para los máximos responsables de crímenes atroces, no solo porque no encontraran fácilmente una opinión pública que lo consienta si no porque ningún tribunal internacional estaría dispuesta a acuerdos de impunidad”.
¿La entrada en vigencia de la CPI para los crímenes de guerra dificultará futuros procesos de paz?
“No creo que los procesos de paz como tal pierdan sentido, pero serán muy distintos. Y la impresión que tengo es que el referente de arranque no podrá ser muy distinto al modelo de Justicia y Paz. La idea que seguramente subsiste en algunos del Secretariado de las Farc de alcanzar una negociación sin pagar un día de cárcel no se dará”.
¿Cuál es la estrategia para contrarrestar las iniciativas de defensa de los grupos armados colombianos en Europa?
“Es muy fácil promover revoluciones y sublevaciones en territorio con sangre ajena y no pocos países europeos durante un tiempo consintieron con ello. No de otra manera se explica la condescendencia con grupos como las Farc, que son unos criminales. Pero eso ha ido cambiando. La fuerza de las circunstancias los ha ido haciendo entender que de ese romanticismo mal entendido no había más que muchos equívocos. Eso no significa que aún uno encuentre simpatizantes de esas guerrillas, pero creo que son un poco más discretos. ¿Qué hace la Cancillería? La Cancillería es bastante más proactiva de lo que a veces se cree y dicta línea y nutre con información a las misiones en el exterior, para cumplir con una tarea que no es nada distinta a procurar que se conozca a Colombia como es, no para pintar pajaritos de oro, pero sí para que se entienda la realidad colombiana también con sus complejidades”.
¿En qué terrenos se mueven quienes amenazan al presidente Uribe con la Corte Penal?
“En el terreno de lo absurdo. Creo que esas afirmaciones responden más a sus propios deseos y dejan entrever cuáles son sus afectos y sus desafectos y evidencian un claro desconocimiento de lo que es la Corte Penal y en especial que la Corte es un instrumento judicial y no político”.
¿Hay alguna preocupación en el Gobierno que dada la politización de la justicia, con ese enfrentamiento sistemático con la Corte Suprema, termine por vender la idea de que en Colombia la justicia no opera?
“Cuando en los criterios de admisibilidad le corresponde a la Fiscalía o a la Sala de Cuestiones Preliminares valorar si el
Estado tiene la capacidad y la disposición de llamar a cuentas a los responsables, se refiere al Estado como un todo y no particulariza. Y por eso a la Fiscalía de la Corte y a la Corte en su conjunto, le tiene sin cuidado quién tiene la razón al interior del Estado, sino que en su totalidad cumpla con sus obligaciones”.
Fuente: (CARACOL RADIO,EL ESPECTADOR, COLPRENSA)
