Dos sobrevivientes de la masacre de Santo Domingo, en el Municipio de Tame, Colombia, culparon este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a la fuerza aérea de su país por la muerte de 17 personas el 13 de diciembre de 1998.
Alba Yanet García y Marcos Neite González comparecieron como testigos de la parte acusadora, y coincidieron en que aviones de combate colombianos dejaron caer bombas contra el poblado. Entre las víctimas murieron siete niños.
«Un helicóptero pasó sobre nosotros… en ese momento siento la explosión y el impacto», dijo al borde del llanto García. «La gente gritaba y pedía auxilio, yo miré mi brazo, lo vi lleno de sangre y que apenas me colgaba del hombro», agregó.
La sobreviviente alegó que, desde el día anterior, usaron pañuelos blancos para identificarse como población civil durante el combate entre el ejército y la guerrilla de las FARC, pero los ignoraron.
Parte de la familia de Marcos Neite murió durante el incidente. «Los muertos fueron mi papá, Salomón Neite, mi esposa y mi hijo Luis Carlos, de cuatro añitos», dijo ante los jueces. Tres parientes suyos más resultaron heridos de gravedad.
Los abogados defensores del estado colombiano alegaron que el bombardeo sobre la población civil nunca ocurrió, y que las bajas civiles fueron causadas por disparos en tierra.
«No hay huellas, no hay destrucción, no hay cráteres que hicieran indicar que ahí hubo un bombardeo», afirmó el General Juan García Camargo, testigo de la defensa y quien realizó la investigación militar luego de lo ocurrido.
«No aparecieron evidencias que puedan atribuirle responsabilidad a la fuerza aérea», concluyó García Camargo.
El perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Valencia García, aseguró por su parte que el ejército colombiano sabía que atacaba a población civil, por lo que fue «un ataque directo y no un daño colateral». Concluyó que «el ataque estaba dirigido a los civiles».
Las víctimas aseguran que el estado colombiano no realizó investigaciones «serias y efectivas» para identificar a los responsables materiales e imponer las sanciones respectivas.
El juicio ante la CorteIDH contra Colombia seguirá el jueves con los alegatos finales de la parte demandante y del Estado.
Con información de EFE
