Esta semana, mientras el país estaba atento a todos los detalles del escándalo Benedetti-Sarabia, los gobernadores prendían una alerta: la situación de seguridad se ha deteriorado en todo el país y lo más preocupante es que esto puede afectar las elecciones de octubre.
El registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que hay 92 municipios en el país con alto riesgo electoral y no descartó que en algunos de ellos lleguen a ser elegidos candidatos por presión de los grupos armados ilegales.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, coincide en estas preocupaciones. Asegura, tajantemente, que es evidente la inacción por parte de la Fuerza Pública y que el cese al fuego bilateral acordado con grupos ilegales solo ha llevado a su fortalecimiento y expansión.
Lo cual, en su opinión, es lo que va a pasar con el ELN (cuyo cese al fuego se anunció este viernes), especialmente porque no se previó que se detengan sus acciones ilegales, como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento forzado de menores.
Esta semana, usted estuvo con los gobernadores, que expresaron su preocupación por la seguridad del país. ¿Cuál es ese diagnóstico que hace la Defensoría de lo que está pasando?
En las distintas visitas humanitarias que hacemos en el territorio, lo que la gente le dice a uno es “aquí tenemos zozobra, tenemos miedo hasta de ir a la esquina, a la tienda”. En lo que va corrido del año, se han emitido 21 alertas tempranas y van 281 alertas tempranas desde 2017. Desafortunadamente, el 85% de los escenarios de riesgo que advertimos, terminan consumándose. Es importante hacer un llamado a todas las instituciones del Estado colombiano, de todos los niveles, porque lo que hemos evidenciado es una deficiente respuesta institucional.
Yo lancé una propuesta: así como existe el Fonsecon, que es el fondo para restablecer cualquier situación de orden público que se presente en el territorio, propongo, para la atención de todas las recomendaciones hechas en el marco de las alertas tempranas, que se cree un fondo para que haya recursos que se le entreguen a los municipios para atenderlas. Un alcalde de un municipio de sexta categoría, que apenas cuenta con recursos para atender cuestiones primarias, no tiene recursos para atender estas situaciones de seguridad.
El ministro de Defensa ha dicho varias veces que la fuerza pública no está cruzada de brazos. ¿Que perciben ustedes desde la Defensoría?
No nos llamemos a engaños: existe una evidente inacción por parte de la fuerza pública. Seguramente dentro de lo acordado en el cese el fuego bilateral, se han detenido los operativos que adelanta la fuerza pública, porque seguramente los grupos armados ilegales le dijeron al gobierno nacional que ellos no iban a atentar contra la población, pero es claro que existe una inacción por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y que esto se ha visto reflejado en el deterioro, claro y evidente, de la seguridad en cada uno de los territorios.
Nosotros hemos identificado desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas que ha habido un surgimiento y una expansión de los grupos armados ilegales y dicha expansión queda claramente probada cuando, en menos de 12 meses, hemos visto un aumento en la presencia, en el accionar, en la injerencia en el control territorial y social por parte de los grupos armados ilegales. Encontramos que el Clan del Golfo hace presencia en 24 departamentos y 392 municipios; el ELN está en 19 departamentos y más de 224 municipios; las disidencias de Iván Mordisco, en más de 18 departamentos y 180 municipios del país, y las disidencias de la Segunda Marquetalia, en más de 14 departamentos y 69 municipios. No puede uno tratar de ocultar el sol con una sola mano.
De acuerdo con lo que dice, ¿cree que el cese acordado con el ELN puede llevar a que ese grupo se fortalezca y crezca?
Esa ha sido la práctica que ha venido predominando. El llamado que la hacemos al gobierno nacional, de cara al nuevo cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, es que ya los colombianos estamos hastiados de todas esas narrativas y todas esas retóricas de querer adelantar diálogo para consolidar un proceso de paz.
Necesitamos son actos, hechos y gestos concretos que se materialicen en el cese inmediato de cualquier hostilidad. Y cuando hablo de hostilidad, estoy hablando de que se frenen los secuestros, de que no haya reclutamiento forzado, amenazas, extorsiones, desplazamientos y confinamientos de comunidades en el territorio nacional. Con protocolos o sin protocolos, nosotros, como institución de Derechos Humanos, vamos a seguir monitoreando las dinámicas del conflicto armado.
El Registrador ha denunciado que hay municipios que pueden terminar con un alcalde elegido por las presiones que hacen estos grupos ilegales. ¿Han detectado esa situación?
Nos estamos anticipando, cinco meses antes del debate electoral, a mostrarle a la comunidad nacional e internacional qué vienen haciendo los grupos armados ilegales con situaciones como la carnetización y los empadronamientos en las comunidades o las restricciones a la movilidad. Por ejemplo, en La Montañita, en el corregimiento de Peneya, los habitantes han denunciado que tienen hasta siete carnets: si tú quieres ir a otro corregimiento, tienes un carnet; si quieres salir del municipio, tienes otro carnet; si quieres ir a otra comunidad, tienes otro carnet. Como si fueran visados para otros países. El tema no es menor. Le hemos venido insistiendo al gobierno nacional que tome cartas del asunto.
En días pasados nosotros le presentamos al país la alerta temprana de prevención de líderes sociales y de personas defensoras de derechos humanos porque las cifras hablan por sí solas: entre septiembre del 2019 y diciembre del 2022, han asesinado a más de 590 líderes sociales. El año 2022 fue el año récord en asesinatos de líderes sociales, con 215 líderes sociales y personas que ejercen liderazgos sociales y defensoras de derecho humano en el territorio nacional. Estamos hablando de un promedio de víctimas de aproximadamente diariamente de 15 personas. Esa es la base de lo que va a ser la alerta temprana de riesgos electorales porque por lo menos el 70% de los líderes sociales o de las personas que ejercen liderazgos sociales, se van a presentar a las elecciones del próximo mes de octubre. El llamado que le hacemos al gobierno nacional es que muestre cuál es el plan que tiene en materia de medidas individuales y colectivas de protección.
Quiero cerrar con una pregunta: usted ha rechazado los ataques contra los periodistas y los medios de comunicación en las manifestaciones de esta semana, pero, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el presidente por la forma como se refiere a los medios?
Un rechazo absoluto a las últimas manifestaciones que se han hecho, porque lo entendemos, desde la Defensoría del Pueblo, como actos atentatorios contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, de todas aquellas personas que le entregan permanentemente a la comunidad, a la ciudadanía, toda la información sobre los distintos sucesos con objetividad y con independencia.
Desde la Defensoría, expresamos nuestro rechazo enfático a esta clase de actuaciones, porque si atentan contra el periodismo, atentan contra cualquier manifestación de libertad tanto de prensa como de expresión, entendemos que es un atentado directo a nuestro sistema democrático.
