Aparte de un extenso y revelador informe de regalías, donde se hace un inventario completo de los hallazgos detectados en regalías y las investigaciones en curso, la Contralora Sandra Morelli lanzó en Arauca una alerta sobre la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo Hitnu y dio a conocer una auditoría sobre vivienda rural para población víctima en esta región.
La Contralora General de la República, Sandra Morelli, Rico, adelantó hoy en la ciudad de Arauca una jornada de Rendición de Cuentas al Contribuyente, donde se revelaron dos informaciones sustanciales:
Por una parte, el organismo de control adelanta actualmente en esta sección del país 52 procesos de responsabilidad fiscal por $82.706 millones por mal manejo de recursos de regalías.
Y, de otro lado, la CGR alertó sobre la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo Hitnu, amenazado con exterminio físico y cultural debido a la ausencia estatal para atender su salud, la seguridad alimentaria, su vida e integridad física.
Sobre el primer punto, el tema de regalías, el Contralor Auxiliar de Regalías, Leonardo Arbeláez Lamus, entregó el siguiente balance de la gestión de la CGR:
Procesos de Responsabilidad Fiscal e Indagaciones Preliminares
La Contraloría General de la República adelanta actualmente en Arauca 52 procesos de responsabilidad fiscal, por un valor total de $82.706 millones de pesos. De esta cifra $65.000 millones corresponden a hallazgos fiscales obtenidos por la nueva Planta Temporal del Sistema General de Regalías de la CGR y los $17.000 millones restantes de vigencias anteriores.
En Actuación Especial, el ente de control encontró irregularidades en el manejo en recursos de regalías destinados a la salud en el departamento, específicamente en la construcción de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca y anomalías en contratos de medicamentos y compra de equipo médico.
La Contraloría Auxiliar para el SGR, reiteró que el sector de infraestructura es el rubro en donde más se ve la malversación de los dineros de regalías, con problemas de calidad de obra, de sobrecosto y de obras inconclusas.
La situación descrita llevo a la CGR a emitir una nueva función de advertencia al Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por la falta de gestión de la actual administración para poner en funcionamiento el “Proyecto de ampliación y construcción de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca”.
La Contraloría advirtió al primer mandatario departamental de los posibles riesgos en que se encuentran los recursos de regalías hasta ahora invertidos en el proyecto del hospital. El estado de abandono de la edificación hasta ahora construida genera un deterioro prematuro comprometiendo la vida útil y la estabilidad de la infraestructura hospitalaria.
Tampoco garantiza la prestación de un servicio eficiente, oportuno y de calidad para los usuarios, porque a la fecha no ha entrado en operación, ni podrá operar en las condiciones en que se encuentra construido, vulnerándose los derechos fundamentales a la vida y a la salud de 260 mil habitantes de la región.
Por otra parte, se inició proceso de imputación de responsabilidad fiscal por una cuantía de $16.721 millones de pesos, por irregularidades en la ejecución del contrato 553 de 2009, relacionado con la ampliación y construcción de la nueva torre segunda etapa del centro hospitalario.
Como resultado de las actividades propias de la Contraloría General de la República, llevadas a cabo por la Planta Temporal para el Fortalecimiento de la Vigilancia y el Control Fiscal a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR), se establecieron durante las vigencias de 2010- 2013, hallazgos con alcance fiscal por un monto de $68.000 millones, que corresponden al 11% de los $650 mil millones obtenidos en todo el país.
Entre los que se encuentran:
Hallazgo Fiscal de $36.904 millones por fallas estructurales en la vía Matapalito-Departamento de Arauca.
La Contraloría detectó el Proyecto Matapalito – Caracol, contrato 299 de 2011 celebrado por la Gobernación del Departamento de Arauca con la Unión Temporal Vía Caracol, en el sector del transporte, por la suma $36.904,30 millones.
Se verificó por parte del grupo auditor que los estudios previos y la convocatoria del proceso, fueron modificados en la construcción de la obra sin acto motivado. También se observó que el tratamiento de la carpeta asfáltica presenta fisuras visibles en todo su recorrido, y el tratamiento al que han sido sometidas a ocasionado falla estructural y daño progresivo del pavimento,
El ente de control concluyó que el contrato no cumplió con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad contratante, se presentó inadecuado seguimiento a su ejecución por parte de la Gobernación de Arauca y de la interventoría,circunstancias que ocasionaron un presunto detrimento patrimonial.
Otro de los hallazgos está relacionado con sobrecostos en paquetes nutricionales de Programa Alimentario de ICBF en Arauca.
La Contraloría alertó de la existencia de un presunto detrimento al patrimonio público por $2.020 millones de pesos en ejecución del contrato 289 de 2011 cuyo objeto era la “Implementación de un Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento de Arauca”, por valor de $3.925 millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la auditoria, revisados los estudios de mercado, se encontró que la administración departamental realizó un estudio previo antieconómico, contrario a los precios reales del mercado, lesivo a los principios de la contratación pública, generando una contratación con sobreprecios que perjudicó a la población con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad, dado que los altos precios contratados impidieron ampliar la cobertura tendiente a minimizar las necesidades alimentarias de la población infantil y madres gestantes beneficiarias de los programas del ICBF en el Departamento de Arauca.
La Contraloría detectó en el comparativo realizado entre los valores contratados por la Gobernación de Arauca, por $3.925 millones de pesos, y los precios reales del mercado cotizados a la Contraloría General de la República,por $1.905 millones de pesos, situación que permitió concluir un presunto detrimento al patrimonio público por $2.020 millones de pesos, lo que generó hallazgo con connotación fiscal. Otro hallazgo tiene que ver con la Construcción de estufas a leña en material no resistente al calor.
La Contraloría General de la República determinó un presunto detrimento patrimonial por $1.383 millones de pesos, en la ejecución del contrato 330 de 2011, el cual consistía en la construcción de 448 estufas a leña para beneficiar a familias dispersas en el departamento, y 448 huertos maderables.
El informe de la Contraloría dice que en visita de campo se halló que los materiales incluidos en el precio unitario no fueron utilizados en su totalidad en la construcción de las estufas, también se detectó que los muros en ladrillo no fueron construidos en material resistente al calor, circunstancia que para el ente de control generaron agrietamiento y desintegración de la mayoría de estufas.
Igualmente, al verificar la siembra de los huertos, se observó gran cantidad de las plántulas en bolsas sin sembrar y otras secas, situación que genera detrimento al patrimonio público en cuantía de $1.383 millones de pesos, generando hallazgo con connotación fiscal.
