En una comunicación pública sustentada en once puntos, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, con sede en el municipio fronterizo de Arauquita, denunció presuntos atropellos por parte de miembros del Ejército Nacional en la vereda La Paz que consideran como lesivos para su sano desarrollo en esta localidad del departamento de Arauca.
En un primer punto dicen que desde el día lunes 9 de marzo, tropas del ejército nacional adscritas a fuerzas especiales urbanas, que dicen no tener relación con las estructuras militares del departamento hacen presencia en este centro poblado y que en las horas de la noche los pobladores vienen siendo objeto y blanco de luces infrarrojo que los militares traen en sus armas de dotación; hecho que genera terror y zozobra en los pobladores.
En un segundo punto aseveran que las unidades militares vienen haciendo empadronamientos ilegales con el propósito de las negociaciones de paz en La Habana, teniendo presente que estos empadronamientos están prohibidos por la Corte Constitucional.
En el tercer punto denuncian que las tropas antes mencionadas se encuentran acantonadas en predios del Colegio Andrés Bello, sitio donde los estudiantes desarrollan las actividades agroambientales complementarias a la formación académica y vocación de la institución.
Igualmente revelaron en el cuarto punto que en desarrollo de patrullajes en el centro poblado se presentó un caso donde un miembro de ellos se le disparó el fusil en medio de la población civil entre los cuales habían mujeres y niños en su mayoría.
En el quinto punto señalan que se han presentado casos donde los niños han sido objeto de ofrecimiento de dinero y comida con el propósito de que brinden información de personas que hacen parte de los actores del conflicto armado, por lo cual se evidencia una violación a los derechos humanos y por ende una infracción a los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
Igualmente manifestaron en el sexto punto que al interior de las casas vienen pernotando poniendo alto grado de vulneración a los habitantes de las mismas.
En el séptimo punto expresan que las unidades militares han convocado a la junta de acción comunal donde ofrecieron proyectos de mejoramiento de vías entre otros donde el ejército pueda intervenir, asumiendo y suplantando el rol de la administración municipal y departamental los llamados a realizar la inversión social a la población del departamento.
Ante este panorama en el octavo punto advierten que responsabilizan al ejército nacional de lo que pueda suceder a los pobladores de este centro poblado, por lo que hacen el llamado a la Defensoría Regional del Pueblo a activar los mecanismos de alertas tempranas frente a un eventual desplazamiento masivo.
Asimismo convocan a la Procuraduría a iniciar las investigaciones pertinentes para que cese cualquier tipo de agresión contra la población civil y hechos que pongan en riesgo la vulneración de la vida e integridad de los mismos y a la vez invitan a las organizaciones defensoras de los derechos humanos del orden nacional e internacional a monitorear y difundir los hechos denunciados anteriormente, puntualiza señalando el Comité Ejecutivo Regional de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, seccional Arauquita.
