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Incidente de desacato fue interpuesto ante Tribunal de Arauca en contra del Gobernador por caso del San Vicente.

Un incidente de desacato contra el Gobernador Ricardo Alvarado Bestene, como lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fue radicado la víspera ante el Tribunal Administrativo de Arauca por el abogado Daniel Alfonso Linares, defensor del Director titular del Hospital San Vicente.

Argumentando incumplimiento de la medida cautelar adoptada por el magistrado Edgar Guillermo Cabrera, el jurista araucano decidió actuar para que se constate la responsabilidad o negligencia del mandatario en autorizar el reintegro de Johan Javier Giraldo, al quedar sin efectos el decreto que revocó su nombramiento.

La acción que complica al recientemente posesionado mandatario, se produce después de las declaraciones dadas en rueda de prensa, donde Alvarado Bestene adujo no conocer el fallo porque supuestamente no había sido notificado oficialmente.

Según el abogado Linares González, el Gobernador Ricardo Alvarado si fue notificado el viernes 15 de enero por el Tribunal Administrativo, tanto por escrito como al correo electrónico institucional de la gobernación. Además sus declaraciones donde anunciaba la decisión de impugnar la medida cautelar, fueron transmitidas por todas las emisoras locales y por las redes sociales en boletines oficiales de la administración, lo que da a entender que conocía el fallo, evento que constituye un hecho notorio.

El propio magistrado Cabrera Ramos deberá decidir sobre el incidente, pues el desacato es una manifestación del poder disciplinario del juez, quien debe determinar la responsabilidad o negligencia para imponer la sanción correspondiente si lo considera como fraude a resolución judicial.

La Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia sobre el particular, afirmando que hay lugar a la sanción por desacato, cuando lo ordenado por la autoridad no se ha ejecutado, cuando ha sido ejecutado de manera incompleta o en aquellos casos en los que al ejecutar, se ha cambiado o malentendido la decisión judicial.

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