Procuraduría destituye al ex alcalde Carlos Raúl Suarez y lo inhabilita para desempeñar cargos públicos por once años…la medida del ministerio público también afecta al ex secretario de educación, Marcelino Álvarez… sanción proferida el 14 de enero se produce en primera instancia.
Procuraduría destituye al ex alcalde Carlos Raúl Suarez y lo inhabilita para desempeñar cargos públicos por once años, la medida del ministerio público también afecta al ex secretario de educación, Marcelino Álvarez… sanción proferida el 14 de enero se produce en primera instancia.
La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal sancionó a Carlos Raúl Suarez Castellanos y al licenciado Marceliano Álvarez Walteros con destitución e inhabilidad general de once años para desempeñar funciones públicas, por no ceñirse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y violar el Código Disciplinario Único.
Al atender una queja por sobrecostos y direccionamiento del Contrato 4SA-047 de 2011 el Ministerio Público determinó que no se cumplieron los principios de transparencia, economía y responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa ni se aplicaron las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
En el pliego de condiciones y apertura de licitación se observó la tendencia de favorecer al contratista Omar Gómez Carreño, a quien finalmente se le adjudicó el suministro de implementos estudiantiles, material didáctico, mobiliario y equipos para las instituciones educativas del municipio de Arauca, por valor de 2 mil 700 millones de pesos.
«El proceso de selección se cumplió de manera irregular» aduce el fallo de primera instancia, calificando de conducta gravísima la actuación del entonces burgomaestre y de su secretario de educación, a quienes les fueron comprobados los cargos.
El abogado araucano Leonel Antonio Jurado Cordero apeló la sanción aduciendo que hubo una mala interpretación del procedimiento, aclarando que no se desconocieron en la etapa precontractual, como dice el quejoso, los principios que regulan la función administrativa y en la adjudicación del contrato se ciñeron al código disciplinario único, contrario al concepto del ente de control.
La apelación será resuelta por la Procuraduría Delegada para la vigilancia administrativa y su sentencia se proferirá en Bogotá, en el caso de Suarez Castellanos, por su calidad de alcalde de ciudad capital.
