La Corte Constitucional estableció tres nuevos parámetros que debe tener en cuenta la Unidad Nacional de Protección a la hora de establecer el riesgo por el que pasan los periodistas y definir así si requieren esquemas de protección o no, pues ratificó que es una responsabilidad del Estado velar por la seguridad de los comunicadores.
La decisión la celebra la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, pues explica su director Pedro Vaca, que incluye parámetros internacionales que pueden dar más garantías a quienes ejercen el oficio, sobre todo en zonas apartadas del país. Más aún cuando. Según las cifras de esta misma organización, en lo corrido del 2019 se han registrado 19 víctimas de agresiones y 58 periodistas víctimas de amenaza.
“Saludamos que la Corte Constitucional, la magistrada ponente la presidente de la Corte Gloria Stella Ortiz se haya dado evaluar estándares internacionales sobre protección a periodistas, e incorporarlos vía jurisprudencia Colombia, eso es un trabajo notable bastante bien desarrollado”, señala.
Y es que en la sentencia se explica que la UNP no puede dejar de lado tres aspectos a la hora de definir el riesgo para establecer el contexto en el que habitan: el primero cuál es el perfil del comunicador para tener claro a qué audiencia se dirige; segundo, cuál es el contenido de la información que difunde y si este lo puede poner en riesgo; y el tercero, cuál es el lugar del país en donde desempeña su función. Todo esto por el caso de un periodista de Caquetá al que le quitó la protección.
“Algo que me preocupa mucho es que prueba esta sentencia a través de las solicitudes de información que hicieron, que el Estado en su conjunto, es decir Fiscalía, Ministerio del Interior, UNP no cuentan con información para prevenir ni dimensionan el riesgo real que enfrentan los periodistas. De hecho parte de la información fue aportada por la FLIP”, afirmó Vaca.
Y agregó: “Hay que destacar que sí impone unos criterios de evaluación de riesgos a la prensa a futuro que creemos van en coincidencia con lo establecido en los estándares internacionales de la CIDH y la UNESCO”.
