Tras dos años de investigación sobre un posible detrimento patrimonial en la Policía Nacional por 12 millones de dólares por la adquisición de un avión jet VIP, la Contraloría finalmente determinó que no hubo irregularidades en la renovación de la flota de la Institución, que efectuaron en mayo de 2022 y que estuvo bajo la lupa por los lujos del interior de la aeronave de marca Embraer Legacy 600.
A pesar de que la Contraloría determinó en diciembre de 2023, que sí se cometieron errores en la compra del avión de lujo y se pusieron en riesgo recursos públicos, ahora revocó su propia decisión y decidió cerrar la investigación por orden del entonces contralor departamental José Ignacio Arango.
Según fuentes consultadas por 6AM de Caracol Radio, la Policía Nacional interpuso un recurso de revisión de la decisión según la cual la Contraloría delegada de Defensa había ordenado la apertura de investigación, por las distintas inconsistencias halladas en la compra de un Jet de Lujo por parte de la Policía.
La revisión de esta decisión le correspondió al entonces contralor departamental José Ignacio Arango, quien de forma sorpresiva ordenó el cierre de la investigación y desestimó todos los hallazgos que la delegada de Defensa había encontrado en su juicioso informe. Quienes defienden la gestión del Contralor Zuluaga, afirman que esta decisión de cierre se tomó sin su consulta, y que solo le fue informada una vez Arango notificó a la Policía de la decisión a su favor.
¿Cuáles irregularidades había encontrado la Contraloría?
En un informe de más de 30 páginas, la Contraloría había cuestionado la poca capacidad del avión ejecutivo que estaba adaptado para 13 personas y no cumplía con las condiciones planteadas en el convenio que la Policía firmó con la CIAC; también observó una incoherencia entre la adquisición de este tipo específico de aeronave y los modelos de planeación que tenía la fuerza pública, y la indebida estructuración y ejecución del proyecto.
En total fueron 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno tenía presunta incidencia fiscal, los demás carácter penal, y otras incidencias. Además, señalaron que se obtuvieron también beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731.
