El departamento de Arauca entre las seis regiones del país, al igual que el Cauca, tierra minada para los líderes sociales en Colombia. En seis departamentos identificados es donde más se ha recrudecido el conflicto tras la firma de la paz.
El departamento del Cauca, donde la semana pasada fueron asesinadas nueve personas en dos matanzas, es un campo minado para los defensores de derechos humanos, diez de los cuales perdieron la vida en esa región en el primer semestre del año, según un informe divulgado este sábado.
El Cauca, situado en el suroeste, entre la costa del Pacífico y la cordillera de los Andes, es quizás el departamento donde más se ha recrudecido el conflicto armado tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, que este mes cumplirá tres años, y los defensores de derechos humanos han quedado en medio de las balas de los diferentes grupos que operan en la zona y que se disputan tierras para el narcotráfico.
Esa realidad la constató el “Informe Semestral Enero-Junio 2019” del Programa Somos Defensores, según el cual 59 personas -10 de ellas en el Cauca- fueron asesinadas en el país en los primeros seis meses de este año por su defensa de los derechos humanos y por “las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios”.
“En lo relacionado con los territorios donde ocurrieron los asesinatos, los que mayor número de casos reportan son Cauca (10), Antioquía (7), Arauca, Nariño, Norte de Santander y Valle Del Cauca (5 cada uno)”, señala el informe de esta ONG que busca prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su liderazgo social.
El Programa Somos Defensores comenzó a contabilizar en enero de 2009 los ataques de todo tipo que sufren quienes luchan por los derechos humanos en el país y desde entonces “ha registrado un total de 746 asesinatos” de ellos en Colombia.
De los 59 asesinados entre enero y junio pasado, 21 eran líderes comunitarios (que hacen un trabajo social por su cuenta en su comunidad), 18 comunales (de las Juntas de Acción Comunal), ocho campesinos, seis indígenas y tres afrocolombianos, mientras que los tres restantes eran del movimiento sindical, de la comunidad LGTBI y de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Como suele suceder, en la mayoría de los casos, 49 en total, se desconoce el responsable de estos asesinatos, en tanto que a los paramilitares y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se les responsabiliza de cuatro a cada uno, seguidos de las disidencias de las FARC, con dos.
Uno de los crímenes contabilizados en el documento es el de la líder comunitaria, María del Pilar Hurtado, que conmovió al país el pasado 21 de junio.
Ese día, presuntos paramilitares asesinaron a Hurtado, de 34 años y madre de cuatro hijos, delante de uno de ellos en una calle del barrio 9 de agosto en Tierralta, localidad del departamento caribeño de Córdoba.
