A un año del atentado a la Escuela de Cadetes, la Fiscalía reveló los bienes que habrían servido de fachada para financiar atentados del ELN. Se trata de nueve inmuebles, 10 vehículos y un establecimiento comercial, que fueron ubicados en Bogotá y Arauca y que están avaluados en más de 12 mil millones de pesos.
Los investigadores señalan que los bienes incautados estaban a nombre de Álvaro José Mateus Vargas, alias ‘El Quesero’, propietario de una empresa de lácteos de razón social el Arauquiteño S.A.S., con su respectiva red de transporte entre Arauca y Bogotá; y de un hombre conocido como ‘Nacho Leder’, quien sería uno de los principales testaferros del frente Domingo Laín del ELN.
De acuerdo con la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, eran utilizados para transportar clorhidrato de cocaína y dinero a Bogotá, a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llevaban a las estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca.
Inicia audiencia contra Wilson Arévalo, alias ‘Chaco’
El presunto integrante del ELN sería quien trasladó desde Arauca la camioneta con la que se perpetró el atentado en la Escuela General Santander.
Inicia audiencia contra Wilson Arévalo alias ‘Chaco’, el presunto integrante del ELN, quien trajo la camioneta con la que se ejecutó el atentado en la Escuela General Santander, desde Arauca a Bogotá.
Actualmente se realiza el juicio contra los tres presuntos responsables que responden por los delitos de homicidio agravado, terrorismo y lesiones personales.
José Aldemar Rojas, alias ‘El Mocho’, perpetró el acto terrorista con la camioneta Nissan modelo 93, que fue cargada con 80 kilos de explosivos.
Asimismo, el próximo 28 de enero, la Fiscalía imputará cargos contra siete integrantes de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional, entre ellos, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’, entre otros
Dudas de la Procuraduría sobre manejo de seguridad en la Escuela General Santander
Luego del atentado de hace un año, el Ministerio Público investiga a dos generales.
Un año después del atentado terrorista perpetrado por el Eln en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, cuando un carro bomba ingreso a las instalaciones donde se realizaba la ceremonia de ascenso de varios cadetes, se inició una investigación disciplinaria contra el mayor general Carlos Enrique Rodríguez, director nacional de escuelas y la brigadier general Juliette Giomar Kure Parra, directora de la escuela de cadetes.
Ambos son investigados por la Procuraduría para determinar qué acciones realizaron para salvaguardar la seguridad del personal dentro de las instalaciones.
El Ministerio Público, tiene una veintena de pruebas que van desde testimonios de oficiales, patrulleros, tenientes hasta oficios y registros que darían cuenta de que se alertó sobre los daños en la puerta ‘Halcón 14’ por donde ingresó el carro bomba, la misma por la que solo podían ingresar camiones grandes o carros de la entidad pero no particulares. Según uno de los testimonios por allí también salían carros, pero precisamente se había separado algunos conos para no tener que ir en repetidas ocasiones a correrlos.
Pese a la cantidad de material probatorio recopilado en la indagación preliminar, la Procuraduría señaló que “no permiten esclarecer si en verdad los citados oficiales generales adelantaron las gestiones necesarias” para garantizar la seguridad. Inclusive, en el documento de apertura de la investigación, se destaca que Kure Parra renunció a rendir testimonio, sin embargo, tendrá que hacerlo por ser una de las investigadas.
Entre los documentos que tiene el Ministerio Público están varios oficios que darían cuenta de que se solicitaba reforzar la seguridad. Además, se conoció que el presupuesto para la seguridad tuvo un incremento de más de 600.000.000 millones de pesos entre las vigencias 2018 y 2019
Pero, el punto de todo está en el ingreso del carro bomba. Según algunos informes desde agosto de 2018 estaba dañado el motor que abre y cierra la puerta pero el proceso se podía hacer de manera manual y la intervención quedo pendiente para el primer semestre de 2019, y antes de que sucediera, ocurrió la tragedia. Algunos testimonios dicen que hace meses la puerta estaba dañada y que permanecía abierta y con conos, además, en ese punto de la escuela no había caninos y hasta el espejo por el que se ve bajo los carros estaba dañado meses antes que ocurriera el atentado.
En todo caso los dos generales deberán dar su versión sobre las medidas que se adoptaron para reforzar la seguridad en la escuela.
Supuesto atacante a la Escuela General Santander no ha sido plenamente identificado
Los informes periciales de las autoridades se contradicen
Caracol Radio conoció un documento de la Fiscalía General que señala que a finales de noviembre de 2019 no se ha establecido la identidad plena del supuesto autor del atentado de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander.
Señala el documento que no se realizó la prueba de ADN a los restos que fueron atribuidos a José Aldemar Rojas, alias «Kiko Mocho». Un año después del atentado, los procedimientos de la identificación de Aldemar Rojas no concuerdan entre las autoridades.
La necrodactilia elaborada por los investigadores de Policía Nacional, que es el documento para identificar a fallecidos mediante huellas dactilares se contradice con la necropsia de Medicina Legal.
Medicina Legal, reportó tres dedos de la mano izquierda del terrorista, los dedos pulgar e índice, y el dedo medio incompleto porque le hace falta la última falange, es decir que no hay huella dactilar. Pero el informe de la Policía reporta las huellas de los dedos índice y medio, huella que para Medicina Legal no existe.
A eso se suma que el acta de inspección al cadáver, reportó el hallazgo de los tres dedos completos de la mano izquierda.
Por lo tanto no se entiende como se identificó a Aldemar Rojas como el suicida Bomba.
