La directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres, señaló que se adelantó una auditoría forense a la contratación de la entidad en articulación con la secretaria de transparencia de la presidencia, en la que hallaron irregularidades en 220 contratos de la entidad. Se estableció que estos estaban a cargo de 59 operadores con características similares, pues asegura que aparece un mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
De igual forma, indicó que se encontró registro de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores; y hallaron presunta documentación falsificada para soportar experiencia de los operadores que atienden a la primera infancia.
“Contratos de operadores también son los que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana.” Manifestó la directora de la institución.
A esto se suma, según dice, el registro de incumplimiento al objeto de los contratos celebrados, frente al número de niños atendidos, según los cupos otorgados y pagados; y que en algunos contratos adjudicados años atrás, existían proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico, lo realizan en menor tiempo, evitando así el pago a proveedores; sin embargo, se materializaba el cobro al instituto como si se hubiese hecho en el tiempo establecido.
Puntualizó que organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez en Colombia han tenido relación directa con clanes políticos.
