El pasado viernes 1 de marzo iniciaron las audiencias por parte del Tribunal de Justicia y Paz para estudiar la situación jurídica de Salvatore Mancuso, tras ser deportado de Estados Unidos. En la primera audiencia, la Fiscalía General no se opuso a que el tribunal de Paz concediera la libertad al exjefe paramilitar y ahora “gestor de paz” del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el ente acusador, esto porque Mancuso ha cumplido con los requisitos establecidos en esa jurisdicción.
El ente acusador indicó en audiencia que ya envió a Justicia y Paz todas las certificaciones donde consta que Mancuso ha cumplido con verdad y reparación. Ante una eventual libertad, Mancuso no podrá residir en ninguno de los departamentos donde cometió crímenes.
Frente a esto, la Procuraduría General, dejó en claro que la designación como “gestor de paz” no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.
De acuerdo con su expediente judicial, figuran un total de 45 sentencias pendientes por 37.975 hechos, además de 29 trámites por realizar para imputación por 15.473 y 94 audiencias de imputación pendientes, que reúnen un total de 64.047 hechos.
Asimismo, tiene pendientes 33 órdenes de captura pendientes por cumplir en Barranquilla y 14 en Bogotá.
El Ministerio Público también señaló que en caso de aprobarse la solicitud, se le deben fijar restricciones de movilidad en el territorio nacional, como una garantía a los derechos de las víctimas.
Enfatizó que Mancuso no podrá recobrar de manera inmediata su libertad a prueba, pues debe ser puesto a disposición de las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también deberán tramitarse solicitudes similares en los procesos que allí se adelantan en su contra.
