Una vez concluida la parte probatoria y los alegatos, hoy se conocerá el fallo de primera instancia del juicio disciplinario que se adelantó contra el Gobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para realizar las fiestas patronales del municipio de Cravo Norte, en medio de las medidas de emergencia por el Covid 19, que prohibía la realización de este tipo de actividades.
Para la Procuraduría General de la Nación, en el contrato suscrito el 14 de abril de 2020, por un valor de $570 millones de pesos, al gobernador se le cuestionó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
Sin embargo, La defensa del Gobernador de Arauca, Facundo Castillo señaló que la investigación por irregularidades en la contratación en medio del Coronavirus es «infundada» y que la Procuraduría no logró demostrar la responsabilidad del mandatario en esos hechos.
El abogado Héctor Carvajal señaló que Castillo no participó en la etapa precontractual y que se limitó a firmar el contrato. Manifestó que luego expidió la suspensión de todas las fiestas por la emergencia del coronavirus y que decretó el aislamiento.
De acuerdo con Carvajal, la falta no existió pues no se ejecutó el contrato. «El hecho jamás existió, jamás existió el contrato porque ese contrato perdió fuerza ejecutoria por partida de vigencia y es un contrato que jamás nació en la vía jurídica en la etapa de ejecución que es en la que podría existir alguna sujeción de deber por parte del gobernador», dijo Carvajal.
La defensa dijo que, el gobernador no tuvo la intención de ejecutar el contrato en época de pandemia. Por eso, pidió absolverlo de los cargos y archivar la investigación.
Una vez conocido el fallo de primera instancia, este podría ser apelado y acudir a una segunda instancia ante el mismo Ministerio Publico. Aún así, Castillo Cisneros tendrá también que enfrentarse a otro proceso ante la entidad donde ya le formularon pliego de cargos, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC, por la valor de $4.463´370.180 pesos.
Los cargos para este úñtimo caso, también cobijan a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al ex gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.
