El pronunciamiento de Uribe se dio en respuesta al rechazo que también ha generado esta propuesta en el Gobierno Nacional, pues el actual consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, señaló que «el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra, o el porte. Las armas no son un derecho en Colombia, conforme a la Constitución. Controlar rigurosamente las que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales contribuye a reducir el delito».
No obstante, lo que desde un momento manifestaron los ponentes fue precisamente que «la intención no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas; fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros para que las autoridades expidan permisos de tenencia y porte a la ciudadanía que opte por protegerse con un arma de corto alcance».
Sin embargo, en las últimas horas, además, el ministro de Defensa Diego Molano también se unió al rechazo de este proyecto de ley, argumentando que el permiso actual es una política que no va a ser eliminada, y que en efecto se seguirá en la lucha contra las bandas organizadas que cuentan con estas armas ilegales, y que han estado protagonizando la comisión de delitos.
