A siete semanas de llevarse a cabo las elecciones para el Congreso de la República 2022-2026, la Misión de Observación Electoral advirtió que el 58% de los municipios que están habilitados para la votación de las 16 curules de paz presentan riesgo tanto de fraude como de violencia. Así lo evidencian en sus mapas de riesgo de las zonas rurales de estos 167 municipios que conforman las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Este 58% representa 97 municipios, de los cuales 43 tienen riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio.
“De las 16 circunscripciones, la MOE destaca las C1 Nariño-Cauca-Valle, C3 Bajo Cauca y C6 Chocó, pues concentran el 38% de los municipios con riesgo electoral. La C1 tiene 6 municipios en riesgo extremo, 6 en alto y 1 en riesgo moderado. La C3, 9 de sus municipios en riesgo extremo y 4 en alto, lo que significa que el 100% de los municipios de esa circunstancia se encuentran con niveles preocupantes. En cuanto a la C6, 4 de sus municipios se encuentran en riesgo extremo, 6 en alto y uno más en riesgo medio.
En total 11 de los 167 municipios habilitados están en riesgo extremo de fraude electoral. Por o Circunscripción 3, del Bajo Cauca, son Amalfi, Anorí y Segovia. Por la C5, del Caquetá, está Cartagena del Chaira. Y por la C8, de Montes de María, Córdoba, El Guamo, Zambrano, Colosó, Los Palmitos, Morroa y Tolú Viejo.
Ante toda esta situación que representa, según la MOE, un riesgo superlativo para la institucionalidad, se están solicitando medidas puntuales al Ministerio del Interior y las autoridades locales: convocar Comisiones de Seguimiento Electoral específicas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, con participación de los candidatos o sus representantes, “con el fin de atender de manera preventiva las situaciones de estos municipios y adoptar de manera conjunta medidas de prevención o mitigación de los riesgos presentados”.
La directora de la Misión, Alejandra Barrios, consideró incluso que “estas elecciones representan el esfuerzo más importante de inclusión política y electoral, a nivel poblacional y territorial desde la Constitución del 1991”.
