Según Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo, el paro armado del ELN provocó que en el mes de febrero se agravara la crisis humanitaria en comunidades de Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En estas zonas del país se registraron seis desplazamientos forzados y dos confinamientos.
Entre los hechos más graves están dos desplazamientos masivos que afectan a 365 personas de 85 familias, en los municipios de Istmina y Sipí, en Chocó. Y un confinamiento en Bojayá, que afecta a 3.700 personas, de 915 familias.
Otro punto que preocupa a la Defensoría del Pueblo son las extorsiones o las llamadas ‘vacunas’ a comerciantes, transportadores y operadores turísticos, entre otros, en las que los grupos armados ilegales exigen financiar la ‘seguridad’ a través de amenazas a grupos étnicos, líderes políticos, docentes, estudiantes y que, en algunas ocasiones, terminaron en homicidios y feminicidios a líderes sociales y miembros de la Policía.
También es crítica la situación de las comunidades indígenas que por culpa de grupos armados ilegales están confinadas en 11 puntos en el municipio de Bojayá (Chocó), en especial en tres resguardos (Uva -Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi), perdiendo su autonomía territorial debido a que estos grupos armados les dicen que en esos puntos se hace lo que ellos digan.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió a las autoridades tomas todas las medidas para atender de manera urgente esta crisis humanitaria que ha desbordado la capacidad de las entidades locales.
