“Los grupos armados ilegales están utilizando nuevos métodos para reclutar a niños, niñas y adolescentes en el país, como los falsos campamentos de vacaciones o las promesas de regalos de motocicletas o armas, además de las amenazas a padres y profesores”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al dar a conocer apartes del informe ‘Dinámicas actuales de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales o delincuencia organizada’.
La vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes aumentó durante la pandemia debido a la deserción escolar, con lo cual los grupos armados ilegales aprovecharon para decirles a los padres de los menores de edad que se los iban a llevar por unos días para que no se quedaran en las casas sin hacer nada, a modo de campamento de vacaciones y que después los iban a regresar.
En esta modalidad de reclutamiento se determinó que las AGC – Clan del Golfo vienen desplegando estrategias de reclutamiento hacia la población de adolescentes y jóvenes, tanto hombres como mujeres, en edades entre los 17 y 25 años; que prometen llevarlos a recibir entrenamiento en campamentos y, posteriormente, permitir que sirvan como milicianos, en las zonas donde residen.
Según el informe, los actores armados aprovecharon el cese en las labores académicas de manera presencial y las difíciles condiciones de acceso a las clases virtuales, así como las escasas opciones de aprovechamiento del tiempo. Situación que se evidenció en departamentos como Antioquia y Chocó. A esto se suman las denuncias por amenazas a docentes y directivos de establecimientos educativos, lo que resulta más grave ante la presencia de grupos ilegales cerca de los colegios y otros entornos protectores.
Riesgos para los migrantes
También se describió el incremento de la presencia y accionar de grupos de delincuencia trasnacionales, entre ellos uno denominado ‘Los Venecos’, que se unen a grupos de delincuencia organizada de alcance local de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, o para el control de la frontera colombo-venezolana entre el ELN y el grupo armado Los Rastrojos. En este caso también hay riesgo con los migrantes venezolanos, específicamente en Norte de Santander y en Nariño.
Estos grupos se aprovechan de los problemas socioeconómicos, agudizados por la pandemia, y engañan a los niños diciéndoles que tendrían sumas de dinero mensuales, en algunos casos de 600.000 a un millón de pesos, o que les regalarían motocicletas o armas, entre otros elementos. En otros sitios les dicen que según sus labores pueden ir ascendiendo en las estructuras criminales.
Según Carlos Camargo, la Defensoría del Pueblo ha conocido casos en los cuales involucran sentimentalmente a las víctimas, con supuestas novias que los inducen a ingresar a los grupos ilegales. Ellas los llevan a otros municipios con promesas de trabajo y los inducen al consumo de sustancias psicoactivas, para luego involucrarlos en las actividades de narcotráfico y la extorsión.
“En general, hay una combinación con otras conductas violatorias a los derechos como amenazas, desplazamiento forzado, desplazamientos intraurbanos, secuestro, violencia sexual, explotación sexual comercial, homicidios, desapariciones, tratos inhumanos o degradantes y restricciones a la movilidad en contra de nuestros niños”, agregó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo también está muy atenta y hace seguimiento a la afectación grave en las comunidades indígenas, por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales, que se ven afectadas por fenómenos como el reclutamiento de menores de edad.
En el informe se advierte la preocupación por: 1) el resguardo Kwes Kiwe Nasa y el asentamiento Pueblo Nuevo, en la vereda Mesetas de Jamundí (Valle del Cauca), 2) el consejo comunitario Alto Mira y Frontera y los resguardos Quejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, Piedra Sellada y Hojal la Turbia del pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño, y 3) en Puerto Córdoba, Curaré – Los Ingleses, Camaritagua, Comeyafú y Yaigojé-Apaporis en Amazonas.
Con este informe se busca la implementación de la política pública de prevención del reclutamiento a nivel territorial; la puesta en funcionamiento de los Equipos de Acción Inmediata; y la puesta en marcha de las rutas de prevención y protección, con capital humano y financiero suficiente.
“En función de la capacidad de las entidades territoriales, con el apoyo del Gobierno Nacional, la respuesta al fenómeno del reclutamiento forzado debe incluir programas sociales que faciliten el acceso al empleo, la vivienda digna, la educación, la salud y otros en los territorios. Esa es una forma de ganarle ventaja a los grupos armados que en muchos casos terminan ofreciéndole a los jóvenes alternativas de vida rentables”, recalcó Carlos Camargo.
Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de sus acciones a los niños, niñas y adolescentes, particularmente a no volver a reclutarlos o utilizarlos para actividades ilícitas.
