En respuesta a la creciente preocupación por la seguridad en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció un plan para fortalecer la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en la región. Esta decisión se tomó tras un consejo de seguridad en Yopal, donde participaron líderes regionales y autoridades civiles, militares y policiales.
Como primera medida, la Armada de Colombia desplegará cuatro nuevos botes de vigilancia fluvial para intensificar el control sobre los ríos, cruciales en la lucha contra las actividades criminales que utilizan estas vías como autopistas naturales para sus operaciones ilegales.
Además, el Ejército y la Policía Nacional aumentarán su presencia en las vías de los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca.
El ministro Velásquez destacó la importancia de la reunión con los tres gobernadores, subrayando la necesidad de una visión integrada y regional para abordar los problemas de seguridad comunes.
“Los gobernadores de los tres departamentos tienen una problemática común en varios aspectos, por esto convinimos que era adecuado hacer un consejo como este para tratarlas con una visión de región. Entre los tres gobernadores existe ese propósito de integración regional y así plantear soluciones igualmente regionales que comprendan todos estos territorios”, afirmó el ministro.
Velasquez enfatizó en la preocupación del Ministerio de Defensa por el control fluvial, destacando la llegada de los cuatro botes para mejorar la supervisión de los ríos, cruciales para frenar las actividades criminales en estos territorios.
“Tenemos el propósito, desde el Gobierno, de poder fortalecer lo más posible el control en los ríos que, para territorios como este, son autopistas muy provechosas para el desarrollo de actividades criminales. La Fuerza Pública tiene que desarrollar toda su capacidad para ampliar ese control”, señaló.
Finalmente, el Ejército y la Policía Nacional se comprometieron con los gobernadores y las autoridades locales a incrementar los controles viales para impedir el tránsito y el tráfico de estupefacientes, así como de actores de grupos criminales que buscan desestabilizar la región con fines económicos asociados a la ilegalidad.