En una carta de cuatro páginas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), los ‘Rastrojos’, los ‘Shottas’ de Buenaventura, la ‘Inmaculada de Tuluá’ y los ‘Mexicanos’ de Quibdó, mostraron su voluntad para iniciar una negociación con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro.
Dicen estar dispuestos a un cese al fuego a partir del 7 de agosto, desarme, pedir perdón, aportar verdad total e integral, a reparar y a no repetir los actos criminales.
Asimismo, aseguran que van a cumplir con los fines de la justicia restaurativa, a “unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente” y a “a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”.
La carta está dirigida al presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta electa Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.
“Pedimos garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados al margen de la ley, fuerza pública, agentes del estado y terceros civiles que también han participado activamente en el conflicto nacional, para reemprender un nuevo camino de la mano de la sociedad y del pueblo colombiano”, dice la misiva.
Los herederos de ‘Otoniel’ y las bandas criminales más poderosas del país dicen que han “aprendido la lección que hoy en día por las armas no se llega al poder, que a éste se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el señor presidente Gustavo Petro Urrego”.
Justamente, refiriéndose a la extradición de alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos, dicen que no están de acuerdo con que ese mecanismo. Por eso, según ellos, “debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición”.
Álvaro Leyva, canciller delegado por el presidente electo, dijo que el sometimiento a la justicia de estos grupos armados es uno de los caminos para lograr la paz total. “Es uno de los propósitos. Es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros”, reaccionó.
Por su parte, el experto de seguridad y exsecretario de la alcaldía de Bogotá, Hugo Acero, dijo que estos grupos criminales deben entregar información detallada sobre las rentas criminales y las rutas del narcotráfico. Asimismo, el abogado penalista, Francisco Bernate, manifestó que los beneficios que recibirán por su sometimiento de la justicia, que no será por la ley de Justicia y Paz ni la JEP, serán los mismos que recibe cualquier ciudadano colombiano.
