Venezuela juzga agentes involucrados en violaciones de DD.HH
La justicia venezolana procesó a agentes involucrados en casos relacionados con violaciones de derechos humanos, que son analizados por la Corte Penal Internacional (CPI) y varios de ellos encaran penas de entre seis y 30 años. El fiscal general Tarek Saab informó sobre imputaciones a efectivos involucrados en violaciones a derechos humanos, como parte de un informe actualizado enviado a la CPI el viernes 30 de abril.
"En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares", señaló el responsable en una rueda de prensa.
Los presuntos responsables por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Areválo, en junio de 2019, mientras se encontraba en detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), encaran 30 años, la pena máxima, precisaron fuentes familiarizadas con el caso.
En tanto que los custodios del concejal opositor Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras estaba recluido en una comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encaran diez años de cárcel.
Sobre los militares procesados por el deceso del estudiante, Juan Pablo Pernalete, en abril de 2017 durante protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron un centenar de muertos ese año, pueden recaer seis años de cárcel.
Saab indicó el sábado en una rueda de prensa que fueron 12 agentes militares de la Guardia Nacional los imputados por de este joven, impactado por una bomba lacrimógena durante la dispersión de una manifestación.
El chavismo dijo entonces que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes.
"Se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva", indicó el responsable.
El fiscal se refirió a otros "casos emblemáticos", como el del Acosta Areválo, para el que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó en octubre 2020 "una nueva investigación sobre las circunstancias de su muerte".
Posterior a la sentencia de la máxima corte, se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios por los delitos de "homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura", detalló Saab.
Y sobre Albán, Saab dijo que su despacho observó "violaciones de garantías constitucionales" e imputó a dos funcionarios por "homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente".