En las últimas dos semanas, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha publicado tres comunicados en los que irresponsablemente vincula a la prensa de Arauca con grupos armados ilegales y los culpa de incentivar la violencia en ese departamento. Estos señalamientos agudizan la hostilidad contra las y los periodistas locales, quienes se han visto obligados a limitar el cubrimiento de temas relacionados con el conflicto armado y sus repercusiones en la sociedad civil por miedo a las represalias.
En sus comunicados, publicados el 15, 23 y 25 de julio, el ELN cuestionó y estigmatizó el trabajo de los medios de comunicación locales, y les acusó de desinformar y replicar información de las disidencias de las FARC. Tales señalamientos se dan luego de que diferentes medios informaran sobre una detención masiva en Puerto Rondón, Tame, y el confinamiento de una familia. Estos mensajes del grupo armado ilegal significan un riesgo para las y los periodistas, pues les involucra en la comisión de delitos y les deja en medio de las confrontaciones e intereses de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.
Los señalamientos son aún más preocupantes teniendo en cuenta que en los últimos dos años, Arauca ha estado entre los tres departamentos del país con mayor número de ataques a la prensa y los grupos armados ilegales han sido el principal agresor. Entre el 1 de enero de 2022 hasta el 26 de julio de este año, documentamos 103 agresiones en contra de comunicadores, 58 de ellas por parte de guerrilla y disidencias. Como consecuencia de esta violencia, seis periodistas han sido forzados a desplazarse y abandonar sus hogares.
Ante la gravedad y la repetición de estas agresiones, insistimos en nuestro llamado al Gobierno Nacional, específicamente al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y a la jefa de la delegación del Gobierno con el ELN, Vera Grabe, de incluir en la mesa de diálogo con el grupo armado la exigencia de no involucrar a la prensa en el conflicto ni instrumentalizarla para responder a sus intereses.
En la misma vía, le solicitamos a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior a que, junto con las autoridades locales y departamentales, desarrolle estrategias de incidencia territorial que respalden la labor de la prensa y sirvan para contrarrestar los riesgos y la estigmatización a la que se enfrenta.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que existen obligaciones especiales de prevención, protección e investigación que tienen las autoridades estatales frente a las violencias contra periodistas y medios de comunicación. De este modo, con la protección de periodistas y la garantía de su seguridad se puede propiciar un ambiente óptimo para la libertad de expresión en el departamento de Arauca.
