Joel Sierra se pronuncia por hechos violentos que dejan siete muertes violentas en Arauca
A través de una denuncia pública, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra se pronunció sobre las últimas muertes violentas registradas en el departamento de Arauca, que han tenido como escenario los municipios de Fortul, Saravena y Arauca, sumando siete muertes de manera violenta.
La comunicación que titularon como un diciembre tenebroso que ha vivido el departamento de Arauca dice a la letra lo siguiente: A causa del conflicto armado interno que se vive en el país, este departamento ha puesto una cuota elevada de sangre en lo que va corrido del mes de diciembre, pues son ya 7 muertes violentas que se han documentado desde el día 3 de diciembre:
El 15 de diciembre, en jurisdicción del municipio de Fortul fueron asesinadas 3 personas, dos miembros de una misma familia: uno de los casos ocurrió en la vereda Caranal, donde fue asesinado el señor JOSÉ VIDAL PEDRAZA MUÑOZ, de 37 años de edad; en la vereda Alto Bello fue hallado el cuerpo sin vida del señor JAIME CORONEL VARGAS y el cuerpo de su hijo RONY RENÉ CORONEL PARRA, de 26 años de edad, el cual fue hallado en la vereda Palmarito, todos con impactos de arma de fuego en su humanidad.
El 8 de diciembre, fueron asesinados dos jóvenes en el barrio 20 de Julio del casco urbano de Saravena, las víctimas fueron INGRID ROCÍO VELANDIA MARTÍNEZ, de 19 años de edad, y el menor de edad JOSÉ DANIEL ALVERNIA de 15 años.
El 6 de diciembre, en horas de la madrugada, fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el señor DÚMAR PATIÑO MARTÍNEZ, en el sector del Fórum Los Libertadores en el casco urbano del municipio de Arauca.
El 3 de diciembre, en inmediaciones del centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Tame, fue ejecutado de varios impactos de arma de fuego el ganadero ARGELIO BURGOS. Insistimos en que la población civil debe estar alejada de las acciones del conflicto, pero también, los actores tienen que respetar a la población civil y tomar las medidas conducentes para su protección.
El Estado colombiano tiene una obligación constitucional y legal de proteger a los pobladores en su vida e integridad, por ello nuevamente llamamos a esos actores, Estado colombiano a través de su fuerza pública y las organizaciones rebeldes, a determinarse por las normas del Derecho Internacional Humanitario, respetar a la población civil y sacarla ya de sus acciones, y al Estado cumplir con sus obligaciones encaminando todos sus esfuerzos y recursos a proteger la vida y la integridad de las personas por encima de otros intereses.
A los organismos de justicia a que adelanten las investigaciones de manera eficiente y oportuna para esclarecer los hechos aquí denunciados y garantizar el derecho de las víctimas, concluye señalando la comunicación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Joel Sierra.