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Gobierno espera pronta respuesta de Fiscalía para libertad de miembros de ‘Primera Línea’

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Durante la audiencia en el marco de medida cautelar que protege los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la Fiscalía está analizando el tema, y que sí bien no ha habido una respuesta, la opinión pública puede estar segura que el Gobierno acatará y recibirá con beneplácito cualquiera que sea su directriz.

Recordemos que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General, desde la llegada de Luz Adriana Camargo, a la dirección del ente acusador, están trabajando para expedir una directriz que indique el futuro y situación de los jóvenes detenidos en el marco del estallido social de 2021, y que resultaron acusados de los delitos de terrorismo o concierto para delinquir, para que puedan o no, conseguir su libertad. 

Las razones del Gobierno 

En un comunicado el ministro Osuna, sostiene que “en los hechos de protesta social, no entran los delitos de terrorismo ni tampoco de concierto para delinquir, lo que implicaría que todos los que están privados de la libertad, deben salir de la cárcel”, porque sería darle otra directriz al derecho mismo de la manifestación ciudadana. Y también agregó que la última palabra “la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, es decir la Corte Suprema de Justicia. 

La respuesta de la Fiscalía 

Inmediatamente el ente investigador, le respondió al Gobierno que se escucharán los “planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación, de las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”. 

¿Cuál es la directriz de la Fiscalía respecto a este tema?

Históricamente había una directriz de la Fiscalía General de la Nación, que le proponía a los fiscales que en los casos de delitos cometidos en protestas sociales, la imputación se hiciera solo por el delito que se había cometido de modo evidente, es decir, el daño a una vivienda, una lesión o un homicidio, pero que no se imputara ni terrorismo ni concierto para delinquir. 

Esa directriz tradicional de la Fiscalía fue derogada por la administración del entonces fiscal Francisco Barbosa, y estando ya posesionada Luz Adriana Camargo, el ministro Osuna le propuso que revisara la posibilidad de reactivar o volver a considerar la directriz descrita en el primer párrafo. 

¿Qué pasaría si fuera favorable reactivar dicha directriz?

Comenzaría una selección para diferenciar los jóvenes que estén condenados, de los que estén sindicados, incluso lo que los abogados soliciten al respecto. No sería una acción rápida o automática, pero efectivamente podría si haber un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado desde 2021, sí están privados de libertad, podría estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad. 

¿Cuántos serían los favorecidos?

No se ha realizado una cuenta de los jóvenes que podrían estar favorecidos, porque de los listados que tiene el Gobierno Nacional, del número de detenidos buena parte han ido saliendo de prisión, ya sea por vencimiento de términos o por declaración de absolución; también hay condenados privados de la libertad. 

Vale destacar que sí se necesita una contabilidad de jóvenes que tengan imputación por delitos de terrorismo y que no hayan sido condenados aún, porque tiene que ver más con una situación de volver al cause institucional tradicional, además porque es lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por un caso en especial.


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