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Diócesis de Arauca recibe elementos tecnológicos debido a plan de reparación de víctimas

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Con el fin de dar cumplimiento a la medida de restitución, contemplada en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), el sujeto Diócesis, de Arauca, recibió alrededor de 30 elementos tecnológicos para fortalecer sus actividades laborales como componente de la reconstrucción de su tejido social.

Computadores, impresoras, videoproyectores, portátiles y escritorios son algunos de los elementos entregados por la Unidad para las Víctimas y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en cumplimiento de las acciones concertadas con ese colectivo. 

“Nos va a permitir optimizar los procesos que llevamos internamente, según el manual de funciones y la actividad canónica que realizamos como iglesia y estructurar a futuro la sistematización de las acciones en cursos pastorales que realizamos, es una gran ayuda para nosotros como diócesis”, manifestó Nicolás Valencia Ceballos, canciller de la Diócesis de Arauca. 

Estos elementos serán utilizados en   el Centro de Retiro Espiritual Betania en el municipio de Tame, en el Seminario San José Obrero en el centro poblado La Esmeralda de Arauquita y la curia episcopal ubicada en la capital Araucana. 

En el 2017 la Diócesis de Arauca fue reconocida como sujeto de reparación colectiva, convirtiéndose en la primera comunidad religiosa incluida en el PIRC. Los asesinatos fueron uno de los hechos victimizantes cometidos contra los sacerdotes. En octubre de 1989 el obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve fue la primera víctima del accionar de los grupos al margen de la ley y otros cuatro sacerdotes fueron asesinados entre 1985 y 2003. Varios han sido secuestrados y amenazados. 

Otros cuatro sacerdotes han sido asesinados en el departamento: Raúl de Jesús Cuervo Arias (en Fortul, en octubre de 1985), Jesús Manuel Serrano (capellán de la policía de Arauca, en julio de 1998), José Rubín Rodríguez (párroco de La Salina) y Saulo Carreño (párroco de la iglesia Cristo Rey de Saravena). Los dos últimos en noviembre de 2003. 

En la diócesis hay alrededor de 53 sacerdotes en ejercicio, que han sufrido amenazas, secuestro y persecución por parte de distintos grupos armados presentes en esa región fronteriza con Venezuela.

 


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