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Gobernador saliente deja amarrados personal por contratos para tres años

  • Gobernador saliente deja amarrados personal por contratos para tres años



La denuncia la hizo el líder de Juventudes Liberales y hoy diputado electo por Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, quien indicó que el gobernador saliente, Ricardo Alvarado Bestene está dejando personal “amarrado” a través de contratos por un término de tres años aproximadamente, con el que tendrá que lidiar el nuevo mandatario, José Facundo Castillo Cisneros.

 

“La administración del “Nefasto Gobernador Ricardo Alvarado Bestene viene realizando Contratos de prestación de servicios por 36 meses, dejando amarrado y comprometido el personal por los próximos 3 años, contratos por más de $150 millones para los más cercanos a la Primera Dama y al señor Camilo Niño quien dirige la Oficina de Contratación”, es la denuncia que hace Juan Qüenza Ramos.

A través de los contratos con número 226, 227, 228, 229, 297 y 369, se concreta la contratación de los servicios profesionales de Marieta Ariza García, Yomy Vanessa Espinel Durán, Rosaura Massiel Vivas Mejía, Zunilda Rico Martínez, Laura Daniela Castellanos Aguilar y Milagros del Pilar Carreño Cárdenas.

El monto de la contratación de este personal está por el orden de los $150 millones de pesos por un periodo de 36 meses, el que se tendrá a través de vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes en el bienio 2021 – 2022, según el Artículo No.1 del Acuerdo 070 del 26 de octubre de 2018, del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

“Empezó diciembre en la Gobernación de Arauca , todos estos contratos, fueron celebrados uno o dos meses atrás, ninguno fue firmado por el Innombrable y los dejó asegurados por los próximos 3 años, curiosamente todas pertenecen a la camarilla del despacho”, ratifica en la denuncia el líder de Juventudes Liberales, Juan Alfredo Qüenza Ramos.

En la presente semana, Juan Qüenza, también le pidió a los 11 diputados del departamento de Arauca, como también lo hizo la Procuraduría Regional, de acoger la proposición del gobierno departamental de comprometer vigencias futuras, frente al interés que tiene el gobernador saliente de una adición presupuestal a última hora y finalizando periodo de gobierno.

 


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