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Estudiantes rurales amenazados por mala condición de infraestructura de colegio



Contratista no ha realizado desde hace 10 meses ninguna intervención a escuelas rurales de Puerto Rondón.

En medio de la pobreza, en precarias condiciones y con el agravante que presenta la infraestructura de dos escuelas rurales, varios estudiantes reciben sus actividades académicas en zona rural del municipio de Puerto Rondón, donde no se ha aprovechado el tiempo de verano y donde el contratista brilla por su ausencia y no responde por esta obra de la administración municipal.

Allí no ha habido autoridad, no hay quien represente y defienda a esta comunidad que está pidiendo a gritos las mejoras contratadas en esta obra para dos escuelas rurales ubicadas en la vereda El Ripial y El Progreso, donde se tiene proyectada una obra para el mejoramiento de la infraestructura por $200 millones de pesos.

El contratante de esta obra es el municipio de Puerto Rondón representada por la alcaldesa, Sandra Milena Gutiérrez Vigott y el contratista es Jorge Eliécer Taborda Moreno, oriundo del municipio de Saravena, residenciado en el barrio Coovisa, cuyo tipo de contrato es de obra pública por el orden de los $200 millones de pesos, para la adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas rurales del municipio de Arauca, una obra que tiene como ejecución cuatro meses, de la que la comunidad está esperando hace diez meses, según la misma denuncia que hacen los afectados.

Tanto la alcaldesa como el contratista firmaron este contrato por el orden de los 200 millones de pesos, el pasado 02 de abril de 2018, que transcurrido diez meses las obras no se inician, el contratista no responde y no se sabe dónde está, qué pasó con el dinero, mientras los estudiantes que iniciaron el pasado mes el calendario escolar se ven amenazados por las precarias condiciones en que se encuentran los salones y la infraestructura.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Ripial, Ariel Díaz, dijo sentirse molesto, al igual que la comunidad por la no realización de la obra que el año pasado se tuvo que suspender por el invierno, pero que ahora el contratista no responde, como la administración local para adelantar estos trabajos que consisten en el cambio de las tejas rotas y deterioradas, como la construcción del comedor estudiantil, porque los estudiantes y los padres de familia están en condiciones precarias para la prestación del servicio de alimentación escolar.


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