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Controles de orden público y migratorio continúan vigentes en el municipio de Arauca

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Dos días maratónicos lideró la Alcaldía de Arauca, logrando contrarrestar el contrabando de cárnicos y productos perecederos, la ocupación ilegal del espacio público, y ejerciendo con éxito el control migratorio de extranjeros sin documentación, de acuerdo a los protocolos humanitarios y fronterizos. Aproximadamente 200 fueron inadmitidos.

En primer lugar, el municipio de Arauca ha mantenido los controles migratorios para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana desde el mes de febrero de 2018, luego de la visita con el Presidente de la República  y miembros de su gabinete, obteniendo resultados en: el control de ingreso de ciudadanos a territorio nacional de manera regular (inadmitidos), incautación de cárnicos e hidrocarburos, inspecciones en sitios de lenocinio, recuperación de zonas comunes, y aprehensiones.

El pasado viernes 11 de mayo de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, el Grupo Especial Migratorio (GEM), de la que hace parte la Alcaldía de Arauca, aplicó los lineamientos de seguridad y orden público impartidas por el burgomaestre Benjamín Socadagüí Cermeño seguidamente de reuniones instituciones y con presidentes de JAC de las Comunas 1 y 2 (en donde se han evidenciado puntos críticos) , en aras de cumplir la legislación del país ejerciendo controles migratorios que permitan erradicar la ilegalidad en la ciudad.

De lo anterior, y según informe del Secretario de Gobierno municipal, Carlos Pinilla, se logró liberar el espacio público del Parque Central Simón Bolívar y Caldas, al retirar alrededor de 110 personas venezolanas que realizaban actividades ilegales; posteriormente, fueron trasladadas por Migración Colombia al Puente Internacional en calidad de inadmitidos.

Luego, de 9 a 12 de la noche de dicho día, el alcalde local Benjamín Socadagüí Cermeño junto a la Cámara de Comercio de Arauca y el Comandante del Departamento de Policía, Coronel Giovanny Buitrago, lideró inspección en los parques centrales, Zona Rosa, Avenida Quinta y Malecón, en aras de cumplir la legislación del país, logrando un acercamiento con los comerciantes araucanos que laboran en este horario, escuchando sus preocupaciones ante esta situación atípica, brindándoles el apoyo local, e invitándolos a denunciar actos delincuenciales.

Consecutivamente, para el sábado 12 de mayo de 8 a 10 de la mañana,  la administración municipal, en articulación con las instituciones que hacen parte del Grupo GEM, efectuó control e inspección del espacio público, venta de contrabando y permanencia ilegal de extranjeros en el centro de la ciudad, y en el sector de la Plaza de Mercado Central (interior y exterior).

Allí, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) según su competencia, desarrolló incautaciones de elementos y mercancías de dudosa procedencia como cárnicos y pescado, los cuales no contaban con la cadena de frío y demás requisitos sanitarios. De igual forma, el ICBF realizó acompañamiento con el objetivo,  de proteger los derechos de los niños y niñas que estaban en dichas zonas.

 “Se obtuvo como resultado la inadmisión de 55 personas de origen extranjero que hacían acciones ilegales en la plaza; se incautaron 30 kilos de pescado que eran comercializados de forma ilícita, sin cumplir con las medidas sanitarias; se incautaron 60 kilos de carne, que no tenían certificado de procedencia; se impartieron tres comparendos, dos por irrespeto a la autoridad y uno por espacio público; y se dialogó con las personas organizadas que hacen ventas estacionarias”, puntualizó Pinilla.

Por ello, las fuerzas militares, de policía y la administración municipal avanzan en brindar seguridad y presencia institucional en puntos estratégicos, solicitando documentación a personas extranjeras con el fin, de verificar si cumplen con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), tarjeta de movilidad fronteriza, o visa.

Recordando de forma enfática, que a la fecha han sido sancionados 60 empresarios de la ciudad por emplear ciudadanos venezolanos sin el lleno de los requisitos. “Las multas administrativas están en proceso y según registro de Migración, oscilan entre los $7 y $10 millones de pesos”, aseveró Pinilla.

Es así, como quienes no han cumplido con la ley, continuarán siendo trasladados por Migración Colombia hacia el país vecino.


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