La megacontratación de la Gobernación de Arauca

Por LASILLAVACIA.COM

Tras los dos primeros años de gobierno de Ricardo Alvarado, La Silla revisó la contratación de más de mil millones y encontró que la constante son procesos de único oferente, la mayoría cuestionados por presuntos direccionamientos. Además, en ese universo de 77 contratos, identificamos quiénes son los contratistas más favorecidos, en qué se están gastando la plata del departamento y quienes son los contratistas más llamativos. Estas son las conclusiones:

Los megacontratistas

En los 77 contratos de más de mil millones que la administración de Alvarado ha firmado o está ad portas de firmar, hay nueve contratistas que sobresalen porque contrataron grandes cuantías o porque repitieron en varios.

El más visible es Andrés Gilberto Pérez Parra, un ingeniero civil santandereano quien, como contó La Silla, empezó a figurar en Arauca en el periodo del controvertido exgobernador y hoy candidato a la Cámara, Facundo Castillo. Se hizo visible por la ejecución de la doble calzada Juan Farfán en Arauca, que resultó con adiciones de más de $4 mil millones e investigada por sobre costos por la Contraloría General. Desde 2016 participó en cinco contratos de la Gobernación que sumados superan los $52 mil millones.

Otro megacontratista de esta administración es Ingeniería Prospectiva SAS, empresa de José Luis Ruiz Barrios. Aunque en los últimos diez años había contratado sobre todo en el municipio de Arauquita cuantías que no superaban los mil millones, durante el gobierno de Alvarado ha participado en tres contratos que suman $36 mil millones.

Además, los tres contratos de transporte escolar que Alvarado ha ejecutado han quedado en manos de tres firmas en particular: Cootranstame, Busexpress (cada una ha contratado $33 mil millones) y Transportes El Dorado ($25 mil millones).

Al igual que Pérez Parra, Jorge Alberto Ramírez Espinosa, también ha participado en cinco megacontratos de Alvarado, que suman $22 mil millones. En cuatro de ellos participa en consorcio con la firma Ramírez & Asociados Ingeniería SAS, representada legalmente por su hijo Jorge Eduardo Ramírez Cabrera.

Le siguen con cuatro contratos cada uno, Construcciones y Arquitectos Asociados, representada por Eliecer Edison Esparza Mariño (suma $15 mil millones), Luis Eduardo Sepulveda Escobar (con $10 mil millones) y Moises Mauricio Moreno Díaz ($8 mil millones).

Sin pluralidad de oferentes

Aunque la administración de Alvarado ejecutó la mayoría de los recursos de más de mil millones a través de concursos (46 licitaciones, 10 subastas, 6 concursos de méritos abiertos y una selección abreviada), a penas en trece procesos hubo más de un oferente.

Por ejemplo, de las diez subastas, solo dos tuvieron dos propuestas y las otras ocho fueron una puja de uno.

Además, en 28 procesos de contratación potenciales proponentes denunciaron que no había garantía para la pluralidad de ofertas pues los requisitos eran restrictivos.

Por ejemplo en el proceso de servicio de vigilancia escolar en 2016, la Gobernación exigía licencia de servicio de vigilancia canino, aún cuando eso no se iba a prestar en ese contrato.

"No tiene sentido que se abra un proceso en el que solo puede participar un oferente, que además resulta ser presuntamente el contratista actual, en ese caso lo ideal es hacerlo por contratación directa pues se evidencia como la entidad pide requisitos que solo benefician al proponente que la entidad ya tiene seleccionado para prestar el servicio", dijo uno de los observantes.

Y entre los 13 casos en los que hubo más de una propuesta, en nueve los otros potenciales oferentes eran descartados por no cumplir con requisitos mínimos a la hora de presentarse, como la carta de garantía de seriedad de la propuesta o por presentar incompletos los contratos que acreditaban la experiencia.

Incluso, en el proceso de contratación del Pae 2017, el otro oferente fue Kambiar Colombia, que venía de ejecutar ese servicio el año inmediatamente anterior. Sin embargo, su propuesta no acreditó ni la planta de procesamiento para la preparación de los alimentos ni las bodegas que debía disponer en cada municipio.

Infraestructura, el sector más contratado

Hasta ahora, la contratación gruesa del gobierno de Alvarado, se ha ido en obras de infraestructura de pavimentación y mantenimiento de vías, así como en construcción y adecuación de infraestructura educativa (46 de los 77 procesos).

Le sigue el sector de servicios públicos, en lo que tiene que ver con acueductos, alcantarillados y electrificación rural (14 contratos), y proyectos de turismo, lucha contra la pobreza extrema y promoción de lectura.

Aunque tiene tres contratos ejecutados en temas de seguridad y transporte, corresponden a obligaciones de cualquier entidad territorial (vigilancia y transporte escolar) más no de su plan de desarrollo como tal.

Relacionado con el sector del agro, la Gobernación ha ejecutado dos contratos. Uno para hacer pedagogía sobre el tema en colegios y estudios previos para una certificación especial para cacaoteros.

Hasta ahora Alvarado no ha sacado megacontratación para el sector salud.

Los contratos cuestionados

Particularmente, la contratación de Ingeniería Prospectiva SAS ha dado mucho de qué hablar en el departamento. Esa firma está en el ojo del huracán por las denuncias de medios regionales, pues presuntamente es socia de Francisco Alvarado, hermano del gobernador Ricardo Alvarado.

Además, la ejecución de su primer multimillonario contrato, la construcción de las instalaciones del Gaula, ha sido muy cuestionada.

Además de que debía entregarse en diciembre de 2016 (ha tenido dos suspensiones y adiciones por $3 mil 246 millones y aún no está terminada), La Voz del Cinaruco denunció que presuntamente la plata del contrato la estaban usando para pagar favores a contratistas y funcionarios públicos.

Otra de las contrataciones que han marcado la administración del actual gobernador es la del monumento al Bicentenario de Arauca.

Fue un contrato que arrancó en octubre de 2016 y aunque su ejecución debía durar dos meses, tuvo dos suspensiones y tres adiciones en tiempo, y finalmente fue entregado la semana pasada, un año y tres meses después.

Además, Alvarado ha afrontado críticas por la contratación de la alimentación escolar.

En abril de 2016 resultaron intoxicados 300 niños intoxicados por la merienda entregada por el contratista -Union Temporal Vital 2016- y aún así el contrato terminó adicionado en 20 días y por un valor de $1.997 millones.

Luego, en junio de 2016 la nueva licitación del programa la ganó, en un proceso de un solo oferente, la Unión Temporal Alimentar 2016, conformada por la Cooperativa para el desarrollo social Integral Soincoop y Kambiar Colombia SAS.

La segunda en particular, con un 80% de participación del contrato, ha sido cuestionada por medios regionales porque en 2014 había sido multada por $344 millones, por retrasos de cerca de dos años en el mejoramiento de una vía y la administración de Alvarado se la revocó un mes antes de que se ganara el contrato del Pae.

Ese contrato terminó adicionado por 39 días y $4.300 millones sin mayor justificación que la solicitud del contratista.

Luego, en mayo de 2017, la nueva contratación para ese mismo objeto resultó mil millones más costosa y con menor cobertura. La mayoría de los costos de las raciones subieron mil pesos cada una y además las unidades entregadas se redujeron en 500 mil unidades y por 13 días menos.

Actualmente la Gobernación de Arauca no ha adelantado el proceso que continúe prestando el servicio en 2018 por lo que la Procuraduría le solicitó rendir informe de lo que ha hecho hasta el momento, ya que los retrasos en el Pae terminan afectando a los niños beneficiarios.

Con el retraso como va, seguramente terminará adicionando el contrato actual, como hizo en 2016.

Por último, dentro de lo más llamativo de la contratación de Alvarado están dos procesos de contratación por $10 mil millones cada uno para mantenimiento de vías que resultaron adjudicados el mismo día y por dos consorcios con exactamente los mismos integrantes.

Se trata de los consorcios Vía a Carcol e Ingeniería y Desarrollo 2016, ambos integrados en las mismas proporciones por Andrés Gilberto Pérez Parra (con 98 por ciento), PR Ingeniería, representada por el mismo Andrés Pérez (con 1 por ciento) y Ángel Roa Hernández (con 1 por ciento).

Estos dos procesos tuvieron observaciones por parte de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que identificó condiciones restrictivas, entre esas, una capacidad financiera muy elevada, muy poco tiempo para alistar las propuestas, y la solicitud de experiencia en cantidades de materiales de obra específicas.

http://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-megacontratacion-de-la-gobernacion-de-arauca-64625

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