En el Comando de Policía Arauca apareció un elefante blanco

Por un valor de 20 mil millones la Gobernación contrató la construcción de las instalaciones del GAULA y la SIPOL en Arauca. Hoy la obra está paralizada y el contratista tiene en su poder más de 10 mil millones de pesos, producto de un anticipo y dos adicionales de valor.

Con la construcción de las sedes del GAULA y la SIPOL, se puede estar repitiendo la historia de tantas obras inconclusas en Arauca. Sin lugar a dudas, lo que arranca mal termina mal. Desde sus inicios, en la etapa precontractual, existen dudas razonables debido a que, a un contrato de estas magnitudes, sin los problemas de seguridad que podrían tener otras obras y en el municipio capital, solo se haya presentado un proponente y adjudicado a la UNION TEMPORAL G-S, representado por José Luis Ruiz Barrios.

Para esta obra se unieron las empresas INGENIERIA PROSPECTIVA SAS, representada por José Luis Ruiz Barrios, con un 60% de participación. Asi mismo, aparecen las empresas CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA HECAR SAS, representada por Hermes Manuel Carmona Alvarado, con un 10%; XIE SA, representada por Jaime Vargas Galindo, con 1% de participación y KAMBIACOL SAS, Representada por Juan Carlos Manosalva Carvajal, con un 29%. El valor inicial del contrato fue de 16.011 millones y la obra tenía como plazo 7 meses, es decir debió haber sido terminada en 20 de diciembre de 2016, como figura en el contrato No. 128 de 2016, firmado el 20 de mayo del mismo año.

Pese a que la administración departamental le dio al contratista un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato, es decir 6.400 millones de pesos, en menos de dos meses la UNION TEMPORAL G-S, solicitó suspender la obra por la afectación de la ola invernal y del paro camionero, reiniciando actividades el 29 de julio. Sin embargo, Noticias Caracol pudo establecer que la Licencia de Construcción fue expedida solo hasta el 6 de julio, lo que indicaría que se reinició la obra sin el cumplimiento de los requisitos legales y ni la interventoría, ni las supervisoras de la obra funcionarias de las Gobernación de Arauca: Martha Obando Porras y Marleny Manosalva Caro, se dieran cuenta de lo sucedido.

Sorprende que solo 4 meses después de haberse adjudicado la obra y con una suspensión de 14 días, el 23 de septiembre de 2016 se haga un adicional de valor por 2.700 millones de pesos. Como si fuera poco, ya a punto de finalizar el año 2016, el 21 de diciembre, se acordó un modificatorio al contrato  inicial y un adicional de plazo y valor por 4 meses y un aumento de 519 millones de pesos más para este contrato.

Ya para el 14 de marzo de 2017, se autorizó una nueva suspensión de la obra, esta vez  por 30 días y se presentó como argumento el “cierre de vías principales del departamento” producto del situaciones de orden público. Lo que dejaría como nueva fecha de terminación el 27 de mayo de 2017.

Si esto fuera así, y se diera cumplimiento a la ley, según juristas consultados por La Voz del Cinaruco, la obra tendría vencidos los términos y se entraría a liquidar el contrato, tal como está escrito en el contrato y publicado en la página de SECOP, dejaría Arauca con otro elefante blanco y a la Policía sin sede para el GAULA y la SIPOL.

Demasiadas coincidencias

Para muchos fue una sorpresa encontrar el nombre de Juan Carlos Manosalva Carvajal, con un 29%, del contrato, ya que éste ha sido protagonista de los más recientes escándalos de contratación en el Departamento de Arauca. Solo para mencionar algunos casos: la vía de la brigada XVIII a la terminal de la OXY, obra que demoró más de tres años en ser entregada; fue sancionado con el pago de 344 millones por incumplimiento, pero esta medida fue revocada por la actual administración. Así mismo, fue el responsable del descalabro del programa de alimentación escolar en el año 2016 y aun así, tiene el beneplácito de la administración de Ricardo Alvarado para seguir contratando.

Noticias Caracol de la Voz del Cinaruco, pudo conocer a través de fuentes de alta credibilidad, que el señor Francisco Alvarado Bestene, hermano del Gobernador de Arauca, sería el verdadero dueño del contrato. Igualmente, se logró establecer a través de algunos proveedores y comerciantes que él sería el encargado directo y responsable de la obra. Adicionalmente habría sido socio en otros procesos con  José Luis Ruiz Barrios, representante de la UNION TEMPORAL G-S, encargada de esta millonaria contratación.  

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